En una medida diplomática que cada vez se vuelve más común, el alcalde de la ciudad fronteriza de San Luis Río Colorado, Sonora, Iván Sandoval Gámez, confirmó que autoridades estadounidenses le retiraron su visa al intentar cruzar por la garita hacia San Luis (Arizona), en lo que constituye una nueva arista del endurecimiento de la política migratoria y de seguridad del gobierno de Donald Trump.
Según relató Sandoval Gámez, el incidente ocurrió cuando acudía a una reunión de trabajo en la vecina ciudad de Yuma, Arizona, y en la garita fue seleccionado para una revisión secundaria donde le fue notificado que su visa sería cancelada. “Al momento de cruzar pues nos pasaron a segunda revisión para verificar mi visa, y mi visa efectivamente me fue retirada”, comentó.
El alcalde insistió en que no tiene ninguna investigación pendiente en México ni en el extranjero, y calificó la medida como “una cuestión administrativa”.
Este caso se une a otros similares que marcan un patrón de sanciones discrecionales aplicadas por el gobierno de Estados Unidos, en especial contra funcionarios del partido oficialista Morena en México. En junio de 2025, por ejemplo, medios nacionales informaron que la visa del alcalde de Puerto Peñasco, Sonora, Óscar Eduardo Castro Castro, fue anulada, junto con las visas de su esposa e hijo, cuando intentaba cruzar hacia Arizona por la franja fronteriza de San Luis. Otro caso que trascendió fue el del alcalde de Nogales, Sonora, Juan Francisco Gim, quien confirmó en un video que su visa había sido revocada, señalando que se trata de un “proceso administrativo”.
Más allá de cada nombre en particular, una investigación de la agencia Reuters reveló que las revocaciones de visas estadounidenses podrían haberse disparado a más de 50 políticos mexicanos, en su mayoría vinculados a Morena, durante 2025.
Los analistas consultados por Reuters coinciden en que rara vez en administraciones anteriores se aplicaba esta herramienta diplomática – revocar visas a políticos activos sin cargos formales –, lo cual apunta a un uso estratégico del tema migratorio y de seguridad para ejercer presión sobre el gobierno de México.
Desde el entorno de la frontera de Sonora se observa que estos casos adquieren una dimensión particular: municipios como San Luis Río Colorado, Nogales o Puerto Peñasco mantienen vínculos estrechos de movilidad, comercio y seguridad binacional con Arizona. En ese contexto, la cancelación de una visa no sólo implica una limitación personal al funcionario afectado, sino un mensaje simbólico hacia las dinámicas transfronterizas. En el caso de Nogales, se informó que el proceso implicó una retención por varias horas del funcionario en la zona fronteriza.
Para el gobierno de Estados Unidos, la decisión de revocar visas se ampara en sus normas de inmigración y seguridad nacional, según las cuales no necesita proporcionar explicaciones detalladas cuando considera que el ingreso de una persona “va en contra de los intereses nacionales” de ese país. Esta ambigüedad ha generado inquietud en México por el impacto político y diplomático: la revocación de una visa se presenta como una sanción silenciosa, sin juicio ni acusación formal, pero con consecuencias concretas.
Por su parte, los afectados han optado por la prudencia pública: Sandoval Gámez dice mantener su trabajo y compromiso con la ciudadanía de San Luis Río Colorado, y Gim (Nogales) aseguró que continúa con normalidad su labor municipal, participando en reuniones binacionales de seguridad.
En el plano político en México, la sanción indiscriminada de visas para un conjunto de funcionarios de Morena está generando un ciclo de alerta dentro del partido gobernante, que observa cómo crecen los cuestionamientos acerca de la soberanía mexicana y la relación con Washington. Algunos diplomáticos veteranos señalan que esta estrategia podría volverse contraproducente, al generar desconfianza y entorpecer la cooperación en materia de seguridad entre ambos países.
El caso de San Luis Río Colorado se convierte entonces en una pieza más del rompecabezas fronterizo: ¿se trata de un expediente aislado con un funcionario local? ¿o de una señal de escalada en la política migratoria de Estados Unidos hacia funcionarios mexicanos? Lo cierto es que la medida abre preguntas profundas sobre la autonomía de actores locales en la frontera, la influencia de Washington en territorios adyacentes y los efectos que tendrá en el tejido binacional.
