El rancho conocido como “Parceros”, propiedad del alcalde electo de Jáltipan por Movimiento Ciudadano (MC), Gildardo Maldonado Guzmán —conocido en la región como “El Parcero”— fue atacado a balazos durante la madrugada de este jueves. Testigos y reportes policiales coinciden en que un grupo de hombres armados arribó al predio, ubicado a un costado de la carretera Transístmica que comunica Jáltipan con Acayucan, se posicionó frente a la fachada y abrió fuego con armas largas; versiones periodísticas señalan que los agresores realizaron más de veinte disparos y que en el lugar fueron hallados decenas de casquillos percutidos. No se registraron lesionados porque, según el propio edil electo, no se encontraba en la propiedad al momento del ataque.
Tras el atentado, elementos del Ejército, de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal Preventiva realizaron recorridos y un perímetro de seguridad en la zona, mientras peritos de la Fiscalía General del Estado recogían indicios balísticos y la víctima presentó formal denuncia ante la Fiscalía regional en Acayucan. Maldonado Guzmán, quien ganó la elección municipal por las siglas de Movimiento Ciudadano, declaró ante medios locales que no había recibido amenazas previas —aunque, de acuerdo con sus explicaciones, sí había solicitado medidas de protección a instancias estatales tras el proceso electoral— y exigió que se esclarezca el ataque y se proteja a su familia y a su equipo.
El episodio no ocurre en el vacío: la campaña y el posproceso electoral en Veracruz han estado marcados por denuncias públicas y por un clima de violencia que ha alcanzado a candidatos y cuadros políticos de distintos partidos. En las últimas semanas, Movimiento Ciudadano hizo pública una acusación de “fraude” en los municipios de Poza Rica y Papantla, donde sus dirigentes sostienen que sus abanderados —Emilio Olvera y Mariano Romero, según MC— obtuvieron la mayoría el 1 de junio y que las resoluciones de los tribunales electorales habrían favorecido la suplantación de resultados. La queja de MC incluye señalamientos sobre la cadena de custodia de boletas y decisiones de instancias jurisdiccionales que, a juicio del partido, avalaron irregularidades. Esas disputas legales y políticas han tensado el ambiente en distintos municipios veracruzanos.
La confluencia entre violencia y controversias electorales no es una novedad en el estado: en el último año se han registrado agresiones, homicidios y amenazas contra actores políticos y periodistas, lo que ha llevado a organizaciones civiles y a partidos a reclamar investigaciones puntuales y medidas de protección eficaces. En este contexto, el ataque contra “Parceros” suma otro capítulo que preocupa a la sociedad veracruzana y plantea preguntas sobre la capacidad de las autoridades para garantizar la seguridad de los funcionarios electos en transición —no sólo en Jáltipan, sino también en otros municipios donde se disputan impugnaciones y se cuestionan sentencias electorales. Las autoridades estatales han informado que investigan los hechos y buscan a los responsables.
Para Movimiento Ciudadano, el episodio reforzará la narrativa de riesgo y acoso que sus dirigentes han denunciado en Veracruz luego de los comicios; para la Fiscalía y las fuerzas de seguridad, representa un caso más de violencia con armas que debe esclarecerse a la brevedad. En lo inmediato, la exigencia local es que la investigación integre peritajes balísticos, líneas de inteligencia sobre los posibles autores y, de ser necesario, la activación de medidas cautelares para proteger a Maldonado Guzmán y su círculo cercano. Mientras tanto, la población de Jáltipan y municipios aledaños vive la inquietud que generan los disparos que, en la práctica, volvieron a poner en primer plano la fragilidad de la vida política en zonas del país donde la disputa electoral y la violencia armada se intersectan.
