En un giro judicial que ha alarmado a activistas y comunidades de Bacalar, dos magistrados recientemente electos han votado para revocar la suspensión que detenía la construcción de una casa de descanso de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a orillas de la Laguna de los Siete Colores. La medida, dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito en Cancún, representa un triunfo para el proyecto militar, pero reaviva las críticas sobre el alcance del Poder Judicial tras la reforma al sistema de amparo.
La controversia se remonta a junio de 2025, cuando un juez de distrito en Quintana Roo había otorgado una suspensión definitiva, luego de que organizaciones como Proyecto de Justicia Común (Projuc) y Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) promovieran un amparo. Argumentaban que la construcción ejecutada por la Sedena, sin una manifestación de impacto ambiental, ponía en riesgo el delicado ecosistema kárstico de la laguna, así como derechos fundamentales de la población local.
Sin embargo, la celeridad de la obra sorprendió incluso tras la suspensión: pese a la orden judicial, la Sedena continuó con los trabajos, lo que despertó denuncias por desacato y generó una nueva batalla legal.
El reciente fallo del Tribunal Colegiado está firmado por los magistrados Lina Victoria Bolio Pasos y Aarón Alberto Pereira Lizama, quienes votaron a favor de levantar la prohibición, mientras que el magistrado Teddy Abraham Torres López fue el único en disidencia. Según la información pública, Torres López tiene un perfil judicial con doctorado en derechos humanos y experiencia de carrera, lo que contrasta con los dos magistrados mayoritarios, señalados por algunos críticos como beneficiarios de la reforma judicial reciente.
Además del tribunal, un nuevo Juez de Distrito con sede en Quintana Roo, también electo después de la reforma al amparo, negó la suspensión solicitada por 23 menores de edad en un juicio que denunciaba un daño directo a sus derechos ante lo que consideran “una intervención irregular del territorio y el ambiente en Bacalar”. El criterio aplicado por el juez se apoya directamente en la reforma a la Ley de Amparo —entró en vigor en octubre de 2025—, que ha endurecido los requisitos para acceder a medidas cautelares bajo el argumento de restringir el “interés legítimo”.
Para los defensores del ecosistema lagunario, estos fallos son una señal preocupante: no solo suponen el aval para que la Sedena prosiga su proyecto en un entorno de alto valor ecológico, sino que además se interpreta como una manifestación tangible del poder que pueden ejercer los magistrados “electos por acuerdo o acordeón”, una fórmula vista por algunos como poco transparente y susceptible de alineamiento institucional.
Este episodio se suma a un debate más amplio sobre el papel del Poder Judicial en México: mientras las reformas recientes han permitido la entrada de nuevos perfiles judiciales, las críticas apuntan a que ello puede favorecer la impunidad en proyectos de alto impacto, particularmente cuando están vinculados a instituciones con fuerte presencia estatal, como la Sedena.
Por su parte, las organizaciones ambientalistas han advertido que seguirán utilizando todas las vías legales para defender la laguna. Ya han anunciado que recurrirán a otras instancias, y no descartan llevar el caso a tribunales superiores o incluso a la Suprema Corte para que se revisen los fundamentos ecológicos del proyecto. Para muchos en Bacalar, lo que está en juego no es solo la legalidad de una casa militar, sino el futuro de un ecosistema que temen podría transformarse irreversible bajo la justificación del descanso castrense.
Este suceso pone en evidencia, una vez más, la tensión entre intereses estratégicos del Estado y la protección ambiental, así como la urgente pregunta sobre cómo el sistema de justicia equilibra esos polos en un momento de reformas profundas.
