La jornada de bloqueos simultáneos que paralizó 29 puntos carreteros en 17 estados del país abrió un nuevo flanco de confrontación entre el gobierno federal y los sectores productivos. En su colaboración quincenal con ADN Noticias, David Olivo, coordinador nacional de Proyectos Prioritarios de Movimiento Ciudadano, afirmó que la reacción oficial frente a la protesta de transportistas y productores agrícolas confirma “el extravío” de la actual administración, que —aseguró— optó por descalificar antes que atender demandas que llevan décadas sin resolverse.
Olivo sostuvo que tachar a los inconformes de desestabilizadores con intereses políticos es una estrategia que desconoce los derechos constitucionales de manifestación, amparados en los artículos 6 y 9, y evade la discusión sobre el aumento de la violencia en carreteras federales. Subrayó que la exigencia principal del sector transportista es garantizar el libre tránsito en zonas donde la inseguridad se ha vuelto parte de la vida cotidiana para quienes dependen de trasladar mercancías, una problemática que, dijo, no es nueva, sino una deuda histórica del Estado mexicano.
El coordinador naranja insistió en que la protesta de este lunes es resultado directo de la falta de atención y de decisiones legislativas que han afectado al campo y a la infraestructura carretera. Recordó que en la Cámara de Diputados, donde el partido oficial y sus aliados tienen mayoría, no se aprobaron recursos solicitados para atender la crisis hídrica que afecta a productores agrícolas, ni para fortalecer la seguridad y el mantenimiento de vías federales. A su juicio, esto refleja una tendencia de abandono que abarca múltiples administraciones, incluida la actual.
Olivo criticó también la postura de la Secretaría de Gobernación, que anunció la instalación de una mesa de diálogo cuando los transportistas ya se encontraban en las carreteras. Para el dirigente, se trató de una reacción tardía y política, pues el movimiento se había anunciado desde días antes. Señaló que el gobierno tuvo todo el fin de semana para iniciar conversaciones y evitar afectaciones mayores, pero no lo hizo, y luego intentó presentarse como la parte dispuesta a dialogar pese a su falta de anticipación.
La severidad del momento, sostuvo, exhibe un deterioro institucional comparable con épocas en las que el Estado presionaba abiertamente a grupos opositores: “Estamos peor que en los años 70 cuando había presión del Estado a la oposición”. Afirmó que las declaraciones oficiales que deslegitiman a quienes se manifiestan revelan un discurso de victimización que ya se ha observado en otras movilizaciones recientes, incluidas aquellas protagonizadas por jóvenes el 15 de noviembre.
Olivo advirtió que la crisis de seguridad no solo afecta a transportistas, sino a millones de personas, particularmente en estados y municipios donde la presencia policial es mínima o inexistente. Recordó que más de 600 municipios carecen siquiera de un cuerpo de tránsito, lo que —sumado a la recesión económica— agudiza la vulnerabilidad de quienes dependen de las carreteras para trabajar y sostener la actividad productiva del país. En este contexto, consideró “desafortunado” que la respuesta gubernamental no reconozca la magnitud del problema y minimice demandas legítimas que llevan más de dos décadas sin atenderse.
Para el representante de Movimiento Ciudadano, lo ocurrido en el megabloqueo no solo evidencia la gravedad de la inseguridad en carreteras y el debilitamiento del campo mexicano, sino también la desconexión de un gobierno que, a un año de iniciado su mandato, parece —dijo— perder la capacidad de diálogo y gestión frente a conflictos sociales de alta sensibilidad.
