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“Quieren convertir a Chihuahua en Palestina”: la advertencia del diputado Francisco Sánchez Villegas sobre la nueva Ley Nacional de Aguas

La contundente advertencia de Francisco Sánchez Villegas resume el sentir de muchos chihuahuenses: la propuesta de la Ley Nacional de Aguas no solo amenaza el acceso al recurso vital, sino la dignidad, autonomía y desarrollo del estado
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El diputado y coordinador de la bancada naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, advirtió que el régimen centralista pretende condenar a Chihuahua a una política de racionamiento y pobreza hídrica, similar a zonas en conflicto internacional, mediante la nueva Ley Nacional de Aguas. “Quieren convertir a Chihuahua en Palestina, racionándonos nuestra propia agua, imponiendo cuotas y castigando a nuestros productores. No lo vamos a permitir”, sentenció.

El diputado chihuahuense acusó al gobierno federal de no solo dejar a Chihuahua sin recursos, sin infraestructura y sin seguridad, sino ahora de pretender dejar al estado sin agua a través de una ley que busca centralizar la administración del recurso. “Este es un atentado contra la dignidad chihuahuense; el régimen quiere que Chihuahua esté mendigando no solo recursos, sino también el agua. Vamos a defendernos y echar abajo este flagelo en contra de los chihuahuenses”, alertó.

Sánchez Villegas anunció además una ofensiva jurídica y social consistente en impulsar un decreto de soberanía hídrica para blindar a Chihuahua, así como una huelga fiscal para que el estado deje de enviar recursos a la federación hasta que se garantice un trato justo.

¿Qué implica la Ley Nacional de Aguas para Chihuahua?

El legislador chihuahuense ha señalado que la reforma que promueve la Ley Nacional de Aguas representa un intento por centralizar el control del agua, transfiriendo decisiones clave desde las entidades federativas hacia la esfera nacional.

Según Sánchez Villegas, ese centralismo puede traducirse en racionamiento, imposición de cuotas y restricciones severas para productores agrícolas: una realidad que, en su opinión, llevaría a Chihuahua al borde de una crisis hídrica generalizada.

Con ello —añade— se penaliza tanto al campo como a la ciudadanía, afectando la producción agrícola, el empleo, la seguridad alimentaria y, en general, la economía local.

La respuesta de Movimiento Ciudadano: soberanía hídrica y huelga fiscal

Ante lo que considera un “despojo” de las atribuciones estatales, el diputado presentó una iniciativa de reforma constitucional para declarar la soberanía hídrica de Chihuahua: es decir, que el manejo y administración del agua sea una facultad exclusiva del estado.

Además, como medida de presión, propuso una huelga fiscal: suspender temporalmente las aportaciones que Chihuahua envía a la federación, hasta que se obtenga un trato justo y que se respete su autonomía sobre recursos naturales.

Sánchez Villegas instó a productores, autoridades locales y sociedad civil a sumarse a esta defensa colectiva del agua, bajo la consigna de que “la soberanía no se negocia”. (Al Instante Chihuahua.com)

Contexto: críticas al régimen centralista y preocupación nacional en el campo

La controversia en torno a la nueva Ley Nacional de Aguas ha generado rechazo no solo en Chihuahua. Legisladores federales y locales de otros partidos coinciden en que la propuesta representa un riesgo para la producción agrícola en todo México.

Por ejemplo, el senador Mario Vázquez Robles, también de Chihuahua, señaló que la ley criminaliza al productor y pone en riesgo la soberanía alimentaria del país.

Las críticas señalan que la ley plantea sanciones desproporcionadas, corrupción de facultades locales y pérdida de autonomía regional sobre recursos naturales —un retroceso institucional, según algunos analistas.

¿Qué viene para Chihuahua y los productores?

Mientras avanza la discusión federal, en Chihuahua ya se preparan movilizaciones políticas, acciones legales y presión social alrededor de la soberanía hídrica.

El pronunciamiento de Francisco Sánchez Villegas pone sobre la mesa la urgencia de defender el agua como un bien esencial para la subsistencia —no como una mercancía administrable desde la capital—.

El resultado de esta pugna definirá no solo el futuro agrícola y económico del norte de México, sino también la capacidad de los estados para mantener su autonomía frente a reformas federales que transformen su derecho al agua.

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