Con la dirigencia nacional y sus bancadas legislativas reunidas, Movimiento Ciudadano presentó una propuesta integral de reforma electoral que plantea cambios constitucionales y legales para modificar el funcionamiento del sistema político mexicano. La iniciativa fue expuesta por el coordinador nacional del partido, Jorge Álvarez Máynez, acompañado por los coordinadores parlamentarios Clemente Castañeda, en el Senado, e Ivonne Ortega, en la Cámara de Diputados, acompañados de figuras sobresalientes del partido.
La propuesta plantea modificaciones a 15 artículos de la Constitución y cambios a tres leyes secundarias —la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación— para un total de 638 artículos reformados. Durante su exposición, Álvarez Máynez sostuvo que el sistema electoral mexicano enfrenta una crisis de participación y legitimidad, por lo que el partido propone cinco ejes centrales para su transformación.
El primer punto es el establecimiento del voto obligatorio. La propuesta busca convertir en una obligación efectiva lo que actualmente la Constitución considera un deber cívico sin mecanismos de cumplimiento. El partido plantea que los ciudadanos deban acudir a las urnas, con excepciones justificadas por motivos de salud o circunstancias comprobables. A esta medida se suma la ampliación del derecho al sufragio para jóvenes de 16 y 17 años, bajo el argumento de que el marco legal mexicano ya reconoce responsabilidades fiscales y penales a partir de esa edad. Con esta medida, Movimiento Ciudadano calcula que se incorporarían alrededor de cuatro millones y medio de nuevos votantes. El planteamiento se complementa con la introducción gradual del voto electrónico para facilitar la participación y reducir tiempos de votación, así como la creación de una circunscripción electoral migrante con diez diputaciones federales elegidas exclusivamente por mexicanos residentes en el extranjero.
El segundo eje se centra en la reducción del gasto público en política. La iniciativa propone modificar el esquema de financiamiento a los partidos políticos para hacerlo más equitativo y menos costoso. Actualmente, la distribución de recursos se realiza bajo un modelo 70-30, en el que la mayor parte se asigna en función de la votación obtenida en la elección anterior. Movimiento Ciudadano plantea cambiarlo a un sistema 50-50, en el que la mitad del financiamiento se distribuya de forma igualitaria entre las fuerzas políticas y la otra mitad de acuerdo con sus resultados electorales.
El partido también propone reducir los tiempos de propaganda política en radio y televisión y destinar parte de esos espacios a debates y contenidos informativos más amplios que los tradicionales anuncios de campaña. Además, sugiere eliminar duplicidades entre organismos electorales para generar ahorros que, según sus estimaciones, podrían alcanzar 45 mil millones de pesos en cuatro años.
El tercer punto de la reforma busca establecer un blindaje contra la influencia del crimen organizado en los procesos electorales. La propuesta incluye la prohibición de aportaciones anónimas o de origen no verificable a campañas políticas y la obligación de identificar plenamente el origen de todos los recursos utilizados por partidos y candidatos. También plantea reglas de trazabilidad financiera para evitar mecanismos opacos de financiamiento, incluidos aquellos que utilicen activos digitales o criptomonedas. Como medida adicional, Movimiento Ciudadano propone que el asesinato de un candidato durante una campaña pueda convertirse en causa de nulidad de la elección correspondiente, al considerar que la violencia política extrema altera de manera grave la equidad de la contienda.
El cuarto eje plantea fortalecer al Instituto Nacional Electoral en lugar de reducir sus atribuciones. La iniciativa respalda la continuidad del servicio profesional electoral como base técnica del organismo y se opone a convertir a su personal en trabajadores temporales durante los procesos electorales.
Asimismo, propone blindar y ampliar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), estableciendo estándares técnicos obligatorios para su aplicación tanto en elecciones federales como locales. Según la propuesta, el propio INE debería encargarse de organizar el PREP en los estados para garantizar uniformidad, auditorías externas y mayor confiabilidad en la difusión de resultados preliminares.
El quinto punto se centra en garantizar que el voto ciudadano tenga una representación fiel en el Congreso. Movimiento Ciudadano propone modificar la interpretación de las reglas que permiten la sobrerrepresentación legislativa derivada de coaliciones electorales. El objetivo es evitar la conformación de mayorías artificiales en la Cámara de Diputados y asegurar que la integración del Congreso refleje de manera proporcional la votación obtenida por cada fuerza política. Según el planteamiento del partido, las reglas actuales han permitido distorsiones en la representación parlamentaria, lo que debilita la legitimidad de las mayorías legislativas.
La iniciativa será presentada formalmente el día de hoy ante la Cámara de Diputados para iniciar su discusión legislativa. Movimiento Ciudadano ha señalado que su propuesta puede debatirse de manera paralela a la reforma electoral impulsada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de abrir un proceso amplio de deliberación sobre el futuro del sistema democrático mexicano. Según el partido, más allá de las reformas legales, el desafío central sigue siendo que los actores políticos respeten las reglas electorales y garanticen procesos verdaderamente equitativos y transparentes.
Para terminar, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, dijo:
Por eso nosotros, además de esta iniciativa, de esta propuesta de reforma que integra el tema de acciones afirmativas, que es exhaustiva en los temas que trata, decimos con claridad que la mejor reforma electoral en este país sería que los partidos y que los actores de la clase política respeten la ley.
