En el marco del análisis del Primer Informe de Gobierno, la diputada Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, sostuvo un posicionamiento firme durante la comparecencia de la titular de la Secretaría de Bienestar, a quien reconoció su presencia ante la Cámara, pero a la vez dirigió cuestionamientos puntuales sobre la eficacia y profundidad de la política social del gobierno federal.
Barrales inició su intervención subrayando que el bienestar social debe asumirse como un derecho efectivo y no sólo como un propósito discursivo. Recordó que su bancada ha respaldado las reformas constitucionales que blindan los programas sociales, particularmente la modificación al artículo cuarto, y sostuvo que Movimiento Ciudadano mantiene un respaldo claro a la universalidad de estos apoyos por considerarlos instrumentos fundamentales de justicia social.
Sin embargo, advirtió que el apoyo a los programas sociales no debe traducirse en una falta de escrutinio sobre su desempeño. La diputada subrayó la necesidad de contar con métricas claras, evaluaciones rigurosas e indicadores transparentes que permitan verificar si las transferencias realmente reducen carencias y vulnerabilidad. Enfatizó que el debate político ya no gira en torno a la existencia de estos programas, sino a su eficacia, alcance y capacidad para atender los problemas complejos que hoy redefine la pobreza en México.
Durante su intervención, Barrales llamó la atención sobre las nuevas dimensiones que agravan los contextos de desigualdad, como la violencia, el desplazamiento forzado, la precarización laboral y la falta de acceso efectivo a derechos. Planteó que estos factores, ausentes de la discusión hace dos décadas, deben incorporarse de manera urgente a los mecanismos oficiales de medición, pues la pobreza actual —dijo— tiene “nuevas caras, nuevas dinámicas y nuevas consecuencias”.
En este sentido, pidió a la Secretaria de Bienestar explicar de qué manera la dependencia está trabajando para actualizar la medición de pobreza en el país, a fin de diseñar políticas públicas más precisas y eficientes.
La legisladora también colocó en el centro del debate la situación de la infancia, señalando que, si bien ha habido avances en la reducción de carencias entre menores de cero a cinco años, las cifras continúan siendo alarmantes. Retomó datos de organismos especializados que revelan que la mitad de las niñas y los niños en México viven en pobreza y que tres de cada cuatro no la superarán en su vida adulta. Expuso que la pobreza infantil supera por amplio margen a la del resto de la población y constituye una condena temprana que limita oportunidades y movilidad social a lo largo de toda la vida.
Frente a ese panorama, solicitó a la funcionaria federal detallar qué estrategias están implementándose para atender integralmente la pobreza infantil, más allá de las transferencias económicas, que —advirtió— resultan insuficientes para revertir desigualdades tan profundas.
Finalmente, Barrales abordó el tema de los cuidados, al que calificó como una necesidad social impostergable. Preguntó qué acciones impulsa la Secretaría de Bienestar para fortalecer la corresponsabilidad entre familias y Estado y avanzar hacia un Sistema Nacional de Cuidados que permita cerrar brechas de género, mejorar las condiciones de vida de millones de personas y reconocer el trabajo no remunerado que sostiene gran parte de la vida comunitaria.
Con una postura crítica pero abierta al diálogo, la diputada concluyó reiterando que el país necesita políticas sociales sólidas, medibles y orientadas a transformar la realidad de quienes hoy viven en condiciones de mayor vulnerabilidad.
