La presidencia de Claudia Sheinbaum Pardo dio un giro inesperado —y con gran carga simbólica— a la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Tras la sexta reunión entre Sheinbaum y los padres de los normalistas, celebrada en Palacio Nacional, la mandataria instruyó formalmente al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina Padilla, para que se ponga en contacto con exintegrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y explore la posibilidad de que retomen su participación en el caso.
La intención supone la reincorporación de investigadores que en su momento, junto con peritos y expertos internacionales, desmontaron la versión oficial conocida como “verdad histórica” —la que planteaba que los jóvenes habían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula a cargo del grupo criminal Guerreros Unidos— y presentaron evidencias que apuntaban a una colusión de autoridades, incluyendo posibles implicaciones del Ejército.
No obstante, Sheinbaum aclaró que el regreso no implica el retorno completo del GIEI como equipo, sino la invitación a “algunos ex expertos” cuyas condiciones laborales, disponibilidad o posibilidades técnicas aún están por evaluarse. Entre los nombres mencionados por los familiares de los normalistas aparecen los de la abogada colombiana Ángela María Buitrago Ruiz y el médico-psicólogo vasco Carlos Martín Beristain, quienes podrían incorporarse de nuevo al proceso si aceptan.
Durante el encuentro, la mandataria admitió que los avances de la Fiscalía Especial a cargo del caso han sido limitados: aunque se reportaron “más de 10 detenciones importantes” derivadas de labor científica, como el análisis de telefonía celular vinculada con la noche de Iguala —una herramienta que según ella no había sido utilizada con seriedad hasta ahora— los familiares de los desaparecidos calificaron esos pasos como mínimos frente a la magnitud del crimen.
Para los padres y madres de los estudiantes desaparecidos, la reentrada de figuras del GIEI representa una esperanza renovada. Ellos insisten en que su retorno —junto con la entrega de los más de 800 folios que el Ejército conservó del expediente— es imprescindible para que el país no vuelva a caer en la impunidad y se haga justicia.
El anuncio de Sheinbaum marca así un nuevo capítulo en un caso que por más de una década ha sacudido la conciencia pública en México. Al abrir la puerta a la colaboración internacional y especializada, el gobierno federal parece apostar por una estrategia distinta: retomar la investigación desde una visión científica, técnica y con un compromiso de transparencia. Pero la ruta sigue siendo difícil: con muchas heridas abiertas, familias exhaustas y un Estado que ha acumulado críticas por omisiones graves, el retorno del GIEI podría ser un paso importante, aunque insuficiente, hacia lo que muchos han llamado una deuda histórica con la verdad y la justicia.
