La bancada de Movimiento Ciudadano (MC) acusó este miércoles que la probable designación de Ernestina Godoy como fiscal general de la nación es resultado de una imposición directa desde el Poder Ejecutivo, advirtiendo que la elección ya estaría decidida y no responde a un proceso auténticamente deliberado. Así lo sostuvo su coordinador en el Senado, Clemente Castañeda, quien afirmó sin ambages que “no hay duda de que Ernestina Godoy será la próxima fiscal”.
Castañeda explicó que, aunque su grupo parlamentario aún no define su voto, han presentado un decálogo de compromisos públicos que —aseguran— deberían suscribir los aspirantes a dirigir la Fiscalía General de la República (FGR). Entre los puntos clave planteados están: la atención a víctimas de delitos, una reingeniería institucional que garantice agilidad y profesionalización en las investigaciones, el fortalecimiento del enfoque técnico y científico para perseguir delitos graves, la garantía del funcionamiento del Banco Nacional de Datos Forenses, la revisión de la prisión preventiva oficiosa y, en general, un compromiso real con la impartición imparcial de justicia.
Para Castañeda, la urgencia de definir un relevo en la FGR no basta para precipitar un nombramiento sin garantías de autonomía e institucionalidad. Señaló que Movimiento Ciudadano analizará si el decálogo es firmado íntegramente por la aspirante —y avalado por la mayoría en el Senado—. “Si ese documento puede ser suscrito íntegramente… estaremos valorando el sentido de nuestro voto”, advirtió. Pero subrayó: “lo digo con todas sus letras, no hay ninguna duda de que Ernestina Godoy será la próxima fiscal, es una decisión tomada por la presidenta y por la mayoría”.
El señalamiento de imposición no es gratuito. La transición al mando de la FGR se dio en un contexto de cambios abruptos: tras la renuncia del hasta ahora fiscal general, Alejandro Gertz Manero, aceptada por el Senado mediante un procedimiento que sus detractores califican de acelerado, Godoy fue nombrada encargada de despacho al asumir la titularidad de la Fiscalía Especializada de Control Competencial —cargo que, conforme a la ley, permite sustituir al fiscal cuando este falta.
Ese hecho, sumado a su cercanía previa con el Ejecutivo —Godoy fue hasta hace poco consejera jurídica de la Presidencia—, ha reforzado en la opinión pública y en la oposición la percepción de que su eventual nombramiento definitivo sería parte de un proyecto de fortalecimiento del control del gobierno sobre la Fiscalía.
Por su parte, MC advierte que no está en contra de que una mujer ocupe la FGR —una posibilidad que había sido abierta por la propia presidenta —, pero cuestiona que la selección no respete criterios de institucionalidad, independencia técnica y compromiso real con la justicia. De ahí su insistencia en que sea el decálogo presentado el que marque la decisión final de su bancada.
En los próximos días, cuando comparezcan ante el pleno del Senado las candidatas propuestas por el Ejecutivo —entre ellas Godoy—, se prevé un debate más intenso. El resultado de esa deliberación será clave no solo para definir el perfil del nuevo fiscal, sino también para determinar si la FGR podrá recuperar credibilidad ante una ciudadanía harta de impunidad, o si quedará atolondrada por intereses de poder.
