En su primer informe de 100 días al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz afirmó que el máximo tribunal mantiene una independencia judicial plena, sin “sumisión ni subordinación” frente a los otros poderes de la Unión. “Esta Corte no se inclina ante ninguna agenda ajena al marco constitucional. Su única lealtad es hacia la Constitución y hacia el pueblo de México”, sostuvo ante representantes del Poder Ejecutivo y Legislativo.
Durante su mensaje, dirigido a la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez, a la presidenta del Senado Laura Itzel Castillo y al vicepresidente de la Cámara de Diputados Sergio Gutiérrez Luna, Aguilar Ortiz subrayó que, en estos primeros meses, la SCJN ha dejado claro que no responde a intereses particulares ni a presiones coyunturales.
“No permitimos que el clima político del momento distorsione nuestro papel. La independencia judicial es esencial para la estabilidad del país”, declaró.
El ministro presidente reconoció que pueden existir presiones externas, pero enfatizó que la Constitución es el referente que debe guiar cada decisión.
Una nueva era en la Corte: justicia “real y verdadera”
En un discurso dividido en diez apartados, Aguilar Ortiz hizo referencias directas al periodo anterior de la Corte, calificándolo como uno marcado por “soberbia”, “privilegios”, lentitud procesal y “excesos”. Aseguró que la actual integración del Pleno ya muestra un cambio tangible:
“Hoy podemos afirmar con responsabilidad que contamos con una Suprema Corte dispuesta a ir más allá de la burocracia y de la indiferencia, para lograr la justicia que transforme la vida de las personas.”
Junto a los ocho ministros que integran el Pleno, reiteró la intención de romper inercias históricas:
“No llegamos aquí para seguir la misma lógica. Estamos para transformar a la Corte y permear a todo el Poder Judicial.”
🔴El Ministro Presidente afirma que la Suprema Corte comienza a cerrar la brecha con la ciudadanía
Hugo Aguilar señaló que por años el máximo tribunal fue visto como una institución distante, limitada por tecnicismos y una estructura de privilegios que generó separación entre la… pic.twitter.com/SLsGEJgfxW
Reformas internas y nuevas dinámicas en el Poder Judicial
El ministro detalló ajustes administrativos, reglamentarios y operativos que, señaló, buscan agilizar la resolución de asuntos y fortalecer la eficiencia institucional. Aunque no especificó cada resolución, insistió en que el nuevo modelo de trabajo permitirá consolidar una justicia que llegue “a todas y a todos”.
“Una justicia que escuche al pueblo nunca será selectiva ni parcial. Una justicia verdadera no requiere explicación para sentirse.”
Relación con los otros poderes: coordinación sin subordinación
Aguilar Ortiz reiteró que sí existe relación institucional con el Ejecutivo y el Legislativo, pero negó cualquier influencia indebida:
“Hay relación, pero no subordinación. La Corte mantiene firme su responsabilidad institucional.”
Sostuvo que la independencia judicial no solo es un principio constitucional, sino también un factor que genera confianza social y económica, promueve la resolución pacífica de conflictos y fortalece la convivencia democrática.
Llamado a la unidad nacional y al fortalecimiento democrático
En la parte final de su informe, el ministro presidente extendió un llamado a todos los sectores sociales y productivos:
“Que las empresas, universidades, gobiernos, comunidades y organizaciones sociales encuentren en esta Suprema Corte un espacio de equilibrio, diálogo y protección constitucional.”
Asimismo, se dirigió directamente a la ciudadanía:
“A cada mexicana y a cada mexicano reiteramos que esta es su casa. Aquí se protege su dignidad, se resguardan sus libertades y se escucha su voz.”
Aguilar Ortiz insistió en la importancia de una unidad que permita fortalecer a las instituciones y superar diferencias políticas o sociales en favor del país.
La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de atraer cuatro revisiones extraordinarias relacionadas con la sentencia emitida en 2018 que ordenó la creación de la Comisión para la Investigación y la Verdad del caso Iguala reactivó uno de los capítulos judiciales más relevantes en torno a la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Organizaciones de derechos humanos sostuvieron que esta determinación abre la posibilidad de revisar los efectos de una resolución firme y podría prolongar el acceso a la verdad y la justicia para las familias de las víctimas
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