En medio de un clima político marcado por intensos debates sobre transparencia y conflictos de interés, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aprobó un estímulo fiscal por 50 millones de pesos a favor de Minsa Comercial, S.A. de C.V., empresa vinculada a la familia de Altagracia Gómez Sierra, asesora empresarial de la Presidenta de la República. Este beneficio fue otorgado en el marco del Estímulo Fiscal a la Investigación y Desarrollo de Tecnología (EFIDT) 2025, un programa diseñado para incentivar la inversión privada en investigación, desarrollo e innovación tecnológica.
El monto que recibió Minsa representa el tope máximo permitido por contribuyente bajo este esquema, lo cual ha despertado cuestionamientos sobre la pertinencia y criterio de asignación de los recursos. El EFIDT opera como un crédito fiscal que permite a las empresas deducir contra el Impuesto Sobre la Renta parte de sus gastos e inversiones en actividades de investigación y desarrollo, con el objetivo de fomentar proyectos que impulsen la competitividad y generación de empleos altamente especializados.
La investigación periodística realizada por emeequis subraya que, además del estímulo fiscal, la empresa harinera ha mantenido una relación constante con el gobierno federal. En 2025, Minsa obtuvo múltiples contratos con la paraestatal Alimentación para el Bienestar (antes Diconsa), con un valor total aproximado de 49.7 millones de pesos para la venta de harina de maíz nixtamalizado, todos adjudicados de forma directa, según datos oficiales revisados.
Más allá de esos contratos menores, el centro del debate surgió con un convenio por más de 346 millones de pesos firmado en marzo de 2025 para la transformación y distribución de maíz en harina dentro del programa Maíz para Todos, dirigido a comunidades rurales e indígenas. El contrato, que equivalía prácticamente a tres años de adjudicaciones previas, fue cancelado en julio pasado por motivos operativos, según la empresa, y sin que Minsa recibiera recursos por él, aunque sí estuvo formalmente adjudicado durante varios meses.
La circunstancia de que Minsa sea propiedad de la familia de Gómez —quien, además de su rol empresarial, funge como figura destacada en el gabinete presidencial— ha alimentado críticas desde diversos sectores políticos.
Por su parte, la propia titular del Ejecutivo ha salido en defensa de Gómez, señalando que no existe conflicto de interés porque la asesora no percibe remuneración alguna del gobierno y porque, asegura, la cancelación del contrato de mayor cuantía se realizó sin desembolsos y por razones técnicas. La Presidenta ha enfatizado que la colaboración de Gómez se circunscribe a la interlocución con el sector privado y a atraer inversiones, no a la gestión de contratos públicos.
Este contexto de estímulos fiscales, adjudicaciones gubernamentales y vínculos personales entre altos funcionarios y el ámbito empresarial plantea un debate mayor sobre la transparencia y los mecanismos de control en la asignación de recursos públicos. En un país donde la confianza en las instituciones es un tema recurrente, cada caso como el de Minsa se vuelve un foco que exige mayor escrutinio ciudadano y responsabilidad política para garantizar que decisiones de esa naturaleza respondan al interés público y no a intereses particulares.
