El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha vuelto a reiterar, con énfasis y claridad en mensajes públicos recientes, que la Constancia de Situación Fiscal (CSF) no es un requisito legal para que un comercio, prestador de servicios o proveedor emita un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) —conocido comúnmente como factura— y que condicionar la entrega de este documento a la exhibición de esa constancia constituye una práctica fiscal indebida, incluso una infracción que puede acarrear sanciones para quienes la adopten.
La aclaración, hecha por el propio titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, durante una “Mañanera del Pueblo”, responde a una experiencia extendida entre los contribuyentes: la solicitud de la constancia como paso obligatorio para facturar, un hecho que en los últimos años se había vuelto frecuente en una amplia gama de establecimientos comerciales, desde tiendas minoristas hasta servicios profesionales.
De acuerdo con las disposiciones fiscales vigentes, para solicitar y recibir un CFDI el único deber que tiene la parte que recibe la factura es proporcionar ciertos datos básicos: la clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), el nombre o razón social, el código postal del domicilio fiscal y el uso fiscal que se dará al comprobante. Estos datos pueden comunicarse verbalmente o por escrito al emisor, sin necesidad de mostrar o entregar un documento oficial como la Constancia de Situación Fiscal o la Cédula de Identificación Fiscal.
La insistencia del SAT en este punto no es casual. Desde la implementación de la versión 4.0 de la facturación electrónica en 2022, cuya operación exige que los datos fiscales coincidan estrictamente con los registros oficiales, muchos negocios adoptaron la práctica de pedir la constancia para “asegurarse” de que los datos fueran correctos. No obstante, la autoridad fiscal ha sido enfática en señalar que esa práctica no está respaldada por la ley y que puede constituir un abuso. El 7 de noviembre de 2025 se publicó en el Código Fiscal de la Federación una reforma que tipifica como infracción el hecho de condicionar la emisión de una factura a la presentación de la CSF o documentos similares, con potenciales sanciones para quienes la cometan.
Los funcionarios del SAT han subrayado, además, que la CSF es un documento útil para que los contribuyentes conozcan su información fiscal —como régimen, domicilio y situación registrada ante el fisco— pero que su exhibición no puede convertirse en un requisito para obtener una factura. La propia autoridad ha señalado que los contribuyentes pueden compartir sus datos fiscales por otros medios seguros, como correos electrónicos, o incluso valerse de herramientas digitales oficiales como la Cédula de Datos Fiscales, que facilita la recuperación de los datos necesarios sin exponer información adicional innecesaria.
Ante estas prácticas indebidas, el SAT ha habilitado canales de denuncia para que los contribuyentes que se encuentren con la negativa de un proveedor a emitir una factura o con la exigencia de requisitos no previstos en la ley puedan reportar la situación directamente. Esto no solo refuerza los derechos de los usuarios de bienes y servicios, sino que también busca homogeneizar las prácticas comerciales y fiscales para evitar que conductas ajenas a la regulación afecten la transparencia y la legalidad en las transacciones económicas.
La insistencia en este mensaje —que no es nuevo, pero sí persistente— refleja las tensiones que han surgido entre los esfuerzos por modernizar la administración tributaria y las prácticas que, a veces por desconocimiento o por comodidad operativa, adoptan algunos contribuyentes y comercios. Para el SAT, sin embargo, la claridad es fundamental: la factura debe emitirse cuando el cliente la solicita y con los datos fiscales correctos, pero sin condicionarla a la presentación de documentos que la ley no exige.
En ese contexto, la fiscalización mexicana busca no solo recaudar, sino también garantizar derechos básicos de los contribuyentes y corregir prácticas que, aun cuando han sido comunes, no tienen respaldo jurídico y, por el contrario, pueden derivar en sanciones para quienes las adopten de manera sistemática.
