En la Quincuagésima Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el gobernador emecista de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, presentó propuestas para mejorar la atención de dos de los fenómenos delictivos más sensibles del país: la violencia familiar y los casos de personas desaparecidas. El mandatario estatal llamó a fortalecer los mecanismos de registro, medición y coordinación institucional, al tiempo que pidió despolitizar la agenda de seguridad para avanzar en reformas clave.
Acompañado por la presidenta Claudia Sheinbaum y autoridades de seguridad federal, García Sepúlveda explicó que Nuevo León y Jalisco desarrollaron en conjunto una nueva metodología para registrar y clasificar los reportes de desaparición. Detalló que gran parte de las denuncias se generan por personas que no llegan a la hora prevista a su destino, lo que activa automáticamente una carpeta de investigación. Aunque el 98 % de estos reportes se resuelven en menos de 24 horas con la localización de las personas, permanecen en el registro oficial como desaparecidos, distorsionando las cifras y el uso de recursos destinados a la búsqueda.
Respecto a la violencia familiar, el gobernador propuso actualizar los métodos de medición estadística y de percepción, ya que muchas respuestas en encuestas ciudadanas aluden a faltas administrativas y no a delitos propiamente tipificados. Señaló que una clasificación adecuada permitiría entender mejor la incidencia real de este delito y diseñar políticas públicas más precisas.
En su intervención, García Sepúlveda reconoció el apoyo del Gobierno Federal y destacó el trabajo coordinado con la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, el Ejército, la Fiscalía General de la República y diversas instituciones que, dijo, han contribuido a reducir delitos de alto impacto en el país.
El mandatario también urgió a los congresos locales a superar bloqueos legislativos que frenan iniciativas esenciales, como reformas para combatir la extorsión o asignaciones presupuestales que buscan fortalecer a las corporaciones policiacas. Llamó a la Mesa Nacional de Seguridad Pública a despolitizar la discusión en torno a estos temas para permitir un avance real.
De cara al Mundial de Futbol de 2026, García solicitó apoyo en materia de regulación de servicios de transporte por aplicación en aeropuertos, mayor seguridad en centrales de autobuses y una revisión a la Ley de Disciplina Financiera para ajustar topes presupuestales que permitan contratar más elementos de seguridad en eventos de gran magnitud, en coordinación con el Gobierno de Jalisco.
Durante la sesión, la presidenta Sheinbaum reconoció la coordinación con gobernadores y fuerzas federales, así como el trabajo conjunto con Sedena, Marina, la Fiscalía y las autoridades de seguridad de los estados. Reiteró que la estrategia nacional se mantendrá enfocada en atender causas, fortalecer a la Guardia Nacional, robustecer la inteligencia y la investigación, y mejorar la coordinación intergubernamental.
Sheinbaum advirtió que el principal desafío para 2026 será la erradicación del delito de extorsión, un problema que, dijo, requiere la participación de todas las entidades federativas. Aseguró que, así como se ha logrado reducir la incidencia de homicidios, existe confianza en avanzar también en este delito que afecta a la ciudadanía en todo el país.
La presidenta subrayó que el trabajo coordinado —independientemente de la filiación política de los gobiernos estatales— ha permitido enfrentar retos como contingencias meteorológicas, crisis económicas y otras adversidades recientes. Añadió que el compromiso colectivo seguirá siendo fundamental para consolidar los avances en seguridad durante el próximo año.
