A 28 años de la masacre de Acteal, ocurrida el 22 de diciembre de 1997 en el municipio de Chenalhó, Chiapas, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal reiteraron su exigencia al Estado mexicano para que reconozca su responsabilidad y ponga fin al “pacto de impunidad” que, sostienen, ha impedido verdad y justicia para las víctimas de uno de los crímenes más graves cometidos contra pueblos indígenas en la historia reciente del país.
En un pronunciamiento difundido en el marco del aniversario, las organizaciones recordaron que la masacre —perpetrada por un grupo paramilitar mientras un grupo de personas tzotziles se encontraba en oración— dejó 45 personas asesinadas, entre ellas 18 mujeres, cuatro de ellas embarazadas, además de 16 niñas, cuatro niños y 17 hombres. Otras 26 personas resultaron gravemente heridas. Los hechos ocurrieron en el contexto del conflicto armado interno en Chiapas, tras el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), y en medio de una estrategia de contrainsurgencia que, de acuerdo con organizaciones de derechos humanos, propició la actuación de grupos armados locales con tolerancia y omisiones del Estado.
El Frayba subrayó que, pese al paso de casi tres décadas, el Estado mexicano no ha reconocido estos hechos como crímenes de lesa humanidad ni ha esclarecido plenamente la responsabilidad intelectual y material de la masacre. Recordó que el caso fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace 20 años y que, hasta ahora, el Informe de Fondo permanece pendiente, mientras familiares de las víctimas han fallecido sin acceder a justicia ni a un reconocimiento oficial de responsabilidad.
“El silencio habla en la oscuridad”, señalaron Las Abejas de Acteal al evocar, mediante fragmentos de su libro El Camino de la No-violencia, una memoria que ha sido sostenida por la palabra, la organización comunitaria y la resistencia pacífica. Desde su Casa de la Memoria y de la Esperanza, en Acteal, la organización ha insistido en una justicia distinta a la punitiva: una justicia construida desde la memoria, la dignidad y la no violencia, sin renunciar a la exigencia de verdad.
Las organizaciones advirtieron que la impunidad que rodea el caso Acteal no es un episodio del pasado, sino una condición que se reproduce en el presente. A su juicio, la violencia contrainsurgente y las agresiones contra territorios y comunidades indígenas continúan alimentándose de la falta de esclarecimiento y sanción de crímenes graves, lo que agrava la crisis de derechos humanos en la región.
En su posicionamiento, el Frayba reafirmó su compromiso de acompañar a las y los sobrevivientes y a Las Abejas de Acteal “codo a codo”, insistiendo en todos los espacios nacionales e internacionales para que el Estado mexicano asuma su responsabilidad y adopte medidas efectivas que rompan definitivamente con la impunidad. “Ni perdón ni olvido”, reiteraron, al tiempo que exigieron verdad y justicia para Acteal, una herida abierta que, a 28 años, sigue marcando la deuda del Estado con las víctimas y con los pueblos indígenas de México.
