A pocos días de concluida la administración municipal 2022-2025, el Ayuntamiento de Agua Dulce enfrenta una crisis institucional. Autoridades entrantes alistan denuncias formales contra el exalcalde Noé Castillo, emanado de Morena, a quien acusan de haber sustraído de manera irregular la totalidad de la documentación oficial del Palacio Municipal antes de dejar el cargo, dejando a la nueva administración sin archivos, respaldos ni información mínima para dar continuidad a la gestión pública.
De acuerdo con la información dada a conocer por integrantes de la nueva comuna, al asumir funciones encontraron el edificio municipal completamente vacío. No sólo no había expedientes administrativos, financieros ni técnicos, sino que tampoco se localizó documentación básica que permita conocer el estado real del municipio al cierre del trienio. El Palacio Municipal, señalan, fue entregado “pelón”, sin un solo documento oficial que respalde las decisiones, contratos, obras o manejo de recursos públicos realizados durante los últimos tres años.
Las acusaciones apuntan a que, en presunta complicidad con integrantes de su Cabildo y funcionarios clave de la administración saliente, el exedil habría ordenado el retiro sistemático de archivos físicos y digitales. Testimonios recabados por la autoridad entrante indican que, en los días previos al cambio de gobierno, se habrían llenado cajas con documentación financiera y técnica que posteriormente fue retirada del inmueble, sin que hasta ahora se conozca su paradero.
Este hecho, de confirmarse, podría constituir delitos graves, ya que la sustracción y ocultamiento de documentación oficial está tipificada como una conducta ilegal que afecta directamente la rendición de cuentas y el funcionamiento del gobierno municipal. Por ello, se informó que los nuevos integrantes del Ayuntamiento acudirán al Congreso del Estado de Veracruz, al Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) y, de manera prioritaria, a la Fiscalía General del Estado (FGE) para presentar las denuncias correspondientes.
El desaseo administrativo, según relatan fuentes municipales, se habría agravado desde principios de diciembre, cuando el entonces tesorero municipal decidió renunciar de manera abrupta, sin notificar formalmente ni dejar un proceso de entrega-recepción ordenado. A partir de ese momento, señalan, comenzaron movimientos irregulares en las cuentas y el retiro acelerado de información, lo que alimenta la sospecha de un intento deliberado por no dejar rastro documental de la gestión saliente.
La situación ha colocado al nuevo presidente municipal, Ángel Delgado, en una posición crítica. Sin archivos, registros contables ni bases de datos, la administración entrante carece de elementos para conocer compromisos financieros, contratos vigentes, estado de las obras públicas o incluso la situación legal del Ayuntamiento. En la práctica, Agua Dulce inicia un nuevo gobierno sin memoria institucional.
Entre los señalamientos más delicados destaca la presunta sustracción de la computadora donde se llevaba el registro del Sistema de Información y Gestión Municipal Armonizado de Veracruz (SIGMAVER), herramienta clave para el control administrativo y financiero. De acuerdo con la información difundida, este retiro habría sido realizado con asesoría externa, presuntamente de una persona originaria de la Cuenca del Papaloapan, quien estaría colaborando en la revisión o “cuadratura” de la información desde un domicilio particular del exalcalde.
Hasta el momento, Noé Castillo no ha emitido una postura pública sobre las acusaciones. Morena, partido que lo llevó al poder, tampoco ha fijado una posición oficial. Mientras tanto, el caso ya genera atención a nivel estatal por la gravedad de los señalamientos y por el precedente que podría sentar en materia de responsabilidades administrativas y penales para autoridades municipales salientes.
Las denuncias que se presenten ante la FGE, el Congreso local y el ORFIS marcarán el inicio de un proceso que podría derivar en investigaciones penales y auditorías exhaustivas. En Agua Dulce, la expectativa es que se esclarezca el destino de la documentación desaparecida y se determinen responsabilidades, en un contexto donde la exigencia de transparencia y rendición de cuentas se vuelve impostergable.
