Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se han convertido en las entidades públicas que más recursos le cuestan al Estado mexicano en litigios judiciales. De acuerdo con una investigación de El Universal basada en la Cuenta Pública 2024, ambas empresas productivas del Estado enfrentan un volumen histórico de querellas legales cuyo impacto potencial en las finanzas públicas podría superar los 100 mil millones de pesos, según estimaciones de abogados consultados.
La información oficial revela que al cierre del 31 de diciembre de 2024, Pemex y CFE acumulaban más de 59 mil juicios en conjunto, sin que hasta el momento exista un desglose claro de cuántos fueron resueltos durante 2025 ni cuántos nuevos asuntos se han integrado. El tamaño del pasivo contingente alarma a especialistas, quienes advierten que estos litigios representan un riesgo financiero significativo para el erario en un contexto de fuertes presiones presupuestales.
En el caso de Pemex, la situación es particularmente delicada. La paraestatal reportó un total de 55 196 juicios legales en curso, con un monto estimado de pérdidas que asciende a 83 182 725 432 pesos. La mayor carga proviene de los litigios laborales, que suman 44 520 expedientes. De acuerdo con los propios abogados de Pemex, estos procesos podrían traducirse en un desfalco de 26 752 127 788 pesos. El informe reconoce que la probabilidad de perder estos juicios es de nivel medio, con un plazo de resolución indefinido, lo que implica el riesgo de una salida considerable de recursos si las sentencias no favorecen a la empresa.
A estos conflictos laborales se suman 552 juicios administrativos con pérdidas estimadas en 22 553 502 915 pesos; 482 juicios agrarios que representarían un impacto de 1346 813 134 pesos; y 583 juicios ambientales, cuyo costo potencial asciende a 12 187 81 pesos. Pemex también enfrenta 667 juicios civiles con gastos legales estimados en 2 701 963 869 pesos, así como 25 juicios fiscales que podrían generar pérdidas por 17 297 362 24 pesos y 536 juicios de amparo valuados en 183 661 550 pesos.
En materia mercantil, la petrolera nacional acumula 7 633 juicios, con pérdidas estimadas en 4 333 166 138 pesos. A ello se agregan 7 633 juicios de tipo penal, de los cuales no se cuenta con una estimación económica del posible daño. Un punto especialmente sensible es la existencia de nueve juicios de arbitraje internacional por presuntos incumplimientos contractuales, cuyo costo potencial en caso de perderse se calcula en 8 1 940 933 pesos.
Este panorama legal se agrava por la situación financiera de Pemex. La empresa sufrió un recorte de 29 por ciento en la inversión física del gobierno federal, equivalente a 193 mil millones de pesos entre enero y octubre de 2024. El Universal documentó que se trata de la caída más profunda al inicio de un sexenio desde que existen registros comparables en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, incluso mayor a la observada durante la administración del expresidente Ernesto Zedillo.
La Comisión Federal de Electricidad tampoco escapa a este escenario. Según la Cuenta Pública 2024, la CFE enfrenta 3 824 juicios legales y prevé pagos por 17 941 millones de pesos derivados de estos procesos. En su informe, la empresa reconoce que, con base en la evaluación de sus abogados internos y externos, se determinó una provisión por pasivos contingentes equivalente a ese monto, correspondiente a litigios considerados como probables salidas de recursos en distintos plazos.
Del total de juicios que enfrenta la CFE, 185 son de carácter administrativo, con un costo estimado de 657 875 458 pesos; 69 son civiles, con pérdidas previstas por 1 985 66 897 pesos; 273 mercantiles, que representarían 71 169 598 pesos; 41 agrarios, por 2 879 601 800 pesos; y dos juicios ambientales con un impacto estimado de 737 380 pesos. Sin embargo, los procesos más costosos corresponden a seis juicios de arbitraje internacional, cuyo monto conjunto se estima en 8 269 673 936 pesos.
En conjunto, los datos de la Cuenta Pública 2024 muestran que Pemex y CFE concentran los litigios más onerosos para el Estado mexicano. Para abogados y analistas, el volumen de juicios y los montos en disputa reflejan no sólo problemas estructurales en la operación y contratación de ambas empresas, sino también un riesgo latente para las finanzas públicas en un contexto de restricciones presupuestarias y alta dependencia del apoyo gubernamental.
