En la conferencia matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció este miércoles que el gobierno federal enviará una iniciativa de reforma constitucional para establecer un tope a las pensiones millonarias que reciben extrabajadores de confianza y altos mandos del sector público, incluyendo sectores como Luz y Fuerza del Centro, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La propuesta, que será remitida al Senado de la República en los próximos días, plantea modificar el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para imponer un límite a las pensiones de exfuncionarios y trabajadores de confianza, de modo que ninguna se pueda exceder del 50 por ciento de lo que percibe mensualmente la titular del Ejecutivo federal, lo que actualmente equivaldría a aproximadamente 70 mil pesos al mes.
Durante su intervención, la secretaria de la Secretaría de Anticorrupción y de Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, exhibió cifras que dan cuenta de la magnitud de las pensiones actuales en distintas instancias públicas. De acuerdo con los datos presentados, en el caso de la extinta LyFC hay miles de pensionados que reciben montos que oscilan entre 100 mil y un millón de pesos mensuales, con un gasto anual de alrededor de 28 mil millones de pesos del erario público.
La funcionaria explicó que 9 mil 457 extrabajadores de esa empresa liquidada siguen recibiendo pensiones superiores al salario neto de la presidenta, y que 3 mil 504 de ellos perciben ingresos que se ubican muy por encima de ese umbral. Asimismo, en Pemex hay 544 pensionados que reciben montos superiores a lo que gana la mandataria federal, sumando en conjunto más de 1 mil 800 millones de pesos anuales en pagos.
En la CFE, según los datos oficiales, existen 2 mil 199 pensionados que también reciben remuneraciones superiores a las percepciones de la presidenta, y cifras relevantes en empresas como Nacional Financiera (Nafin) y otros organismos del Estado.
Sheinbaum señaló que la reforma no será retroactiva, es decir, no afectará las pensiones ya devengadas, pero sí limitará las que se otorguen en el futuro, con el objetivo de equilibrar la justicia distributiva y evitar privilegios “desproporcionados” para altos mandos que utilizan recursos públicos. Explicó que la medida no tocará los derechos laborales de trabajadores con contratos colectivos, por lo que las pensiones derivadas de condiciones históricas de negociación sindical permanecerán intactas.
La presidenta justificó la iniciativa al afirmar que mantener pensiones que alcanzan hasta un millón de pesos al mes resulta inconsistente con los principios de austeridad y de justicia social que rigen la política pública actual. Adicionalmente, aclaró que los recursos que se ahorren con la aplicación de este tope podrían ser redirigidos a programas sociales y de bienestar.
El anuncio generó ya reacciones de distintos sectores, incluyendo organizaciones civiles y expertos en administración pública, que consideran que regular las pensiones más elevadas puede contribuir a una mayor percepción de justicia fiscal. No obstante, algunos analistas han advertido que es necesario garantizar que estas reformas no afecten la seguridad jurídica ni desincentiven la atracción y retención de talento en posiciones técnicas de alto nivel dentro de entidades públicas.
En resumen, la iniciativa anunciada este 18 de febrero por la Presidencia de la República busca limitar las pensiones que históricamente han sido consideradas “millonarias” y que se pagan con recursos del Estado, con el objetivo de promover una mayor equidad en el sistema de pensiones, reforzar los principios de austeridad y destinar recursos a programas sociales prioritarios.
