El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta vinculación con integrantes del crimen organizado, en un contexto de crisis de inseguridad que —según los promoventes— ha impactado de manera grave la vida social y económica de la entidad.
La denuncia fue presentada por integrantes de la Alianza Mexicana de Abogados y de la Federación de Abogados de Sinaloa ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), y dirigida a la titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos.
Denuncia penal contra el gobernador de Sinaloa: los delitos señalados
Los abogados acusan al mandatario estatal de los presuntos delitos de:
- Ejercicio indebido del servicio público
- Coalición de servidores públicos
- Uso ilícito de atribuciones y facultades
- Encubrimiento
- Delitos relacionados con la administración de justicia
- Delincuencia organizada
En la página 17 del documento entregado a la FGR, los denunciantes citan declaraciones realizadas por Rocha Moya el 23 de abril de 2021, cuando era candidato a la gubernatura, en entrevista con Latinus, en las que habría reconocido que para gobernar Sinaloa era necesario llegar a acuerdos con el crimen organizado.
“Tal parece que Loret de Mola profetizó lo que podía pasar en Sinaloa cuando el gobernador le reconoció que efectivamente debía tener algunas conversaciones o algunos arreglos con los poderes fácticos”, señaló Ricardo Beltrán Verduzco, presidente de la Alianza Mexicana de Abogados.}
Señalamientos de omisión y presunta colusión en la crisis de violencia
Los litigantes sostienen que el gobernador ha sido omiso en garantizar la seguridad de los sinaloenses y que incluso ha obstaculizado investigaciones y el acceso a la justicia.
Como parte de las pruebas, mencionaron el presunto montaje orquestado por la entonces fiscal estatal, Sara Bruna, relacionado con el homicidio de Héctor Melesio Cuén, así como el supuesto viaje de Rocha Moya el 25 de julio de 2024, fecha en que ocurrieron el secuestro y entrega del fundador del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada.
De acuerdo con los denunciantes, estos hechos detonaron una ola de violencia que estalló el 9 de septiembre de 2024 y que, aseguran, se ha recrudecido.
🚨Denuncian a Rubén Rocha ante la FGR por presunta colusión con el crimen organizado
— Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) February 18, 2026
Integrantes de la Alianza Mexicana de Abogados y de la Federación de Abogados de Sinaloa advierten que, de no investigarse, llevarán el caso al Departamento de Estado de EU y a la CIDH pic.twitter.com/WOckHOabi2
Cifras de violencia en Sinaloa desde septiembre de 2024
Según los abogados promoventes, desde el 9 de septiembre de 2024 a la fecha se han registrado:
- 2,883 homicidios
- 3,314 privaciones de la libertad
- 9,714 robos de vehículos
Afirmaron que las cifras oficiales estarían “maquilladas” por instrucciones del gobierno estatal en contubernio con autoridades federales, acusación que hasta el momento no ha sido confirmada por instancias oficiales.
Julio Sergio Alvarado Andrade, presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, sostuvo que corresponde al Ministerio Público iniciar las investigaciones conforme a la ley.
“Nosotros estamos obligados a poner en conocimiento de la gente del Ministerio Público hechos que a nuestro juicio sean constitutivos de delitos y le corresponde al Ministerio Público, conforme al artículo 214, iniciar las investigaciones correspondientes”, declaró.
Caso Concordia y críticas a autoridades federales
En el contexto de impunidad denunciado, Ricardo Beltrán Verduzco mencionó el secuestro de 10 mineros en el municipio de Concordia, Sinaloa, y el hallazgo sin vida de cinco de ellos.
También lanzó críticas contra el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, al señalar que declaraciones oficiales sobre el caso habrían contaminado la carpeta de investigación.
“Es mentirle al pueblo, es contaminar una carpeta de investigación”, afirmó.
FGR deberá determinar si procede la investigación
La denuncia presentada ante la FGR abre un proceso que deberá ser analizado por el Ministerio Público federal para determinar si existen elementos suficientes que configuren los delitos señalados.
Hasta el momento, el gobernador Rubén Rocha Moya no ha emitido una postura pública en respuesta a la denuncia penal presentada en su contra.
El caso se suma al complejo panorama de seguridad que enfrenta Sinaloa, entidad que en los últimos años ha sido escenario de disputas entre grupos del crimen organizado y de operativos federales de alto impacto.