En un giro que reaviva el debate sobre la imparcialidad y el perfil de los funcionarios encargados de la seguridad y la procuración de justicia en México, Aníbal Castro Borbón, exjuez federal radicado en Sonora, sería nombrado como nuevo delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Baja California, según fuentes consultadas por varias casas editoriales.
Castro Borbón ocuparía el cargo que deja Víctorino Porcayo Domínguez, quien después de casi ocho años al frente de la delegación de la FGR en Baja California fue recientemente trasladado a la titularidad de la representación de la Fiscalía en el estado de Chihuahua. La rotación obedece a reacomodos internos dentro de la estructura de la FGR en el norte del país, en un contexto de política de seguridad nacional en constante reajuste.
La posible designación de Castro Borbón ocurre nueve meses después de que fue públicamente señalado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, por presuntamente haber emitido fallos judiciales que favorecieron la liberación o cambio de medidas cautelares de personas vinculadas con el crimen organizado. En una conferencia matutina celebrada el 8 de mayo de 2025, García Harfuch incluyó al entonces juez entre una lista de juzgadores cuyos criterios habrían derivado en la salida de más de 100 presuntos delincuentes de prisiones o en traslados sin las formalidades debidas, en un periodo que abarcó de 2024 a 2025.
De acuerdo con ese informe, Castro Borbón destacó con “15 resoluciones” que, según la Secretaría de Seguridad, contribuyeron a estos egresos o cambios de medida cautelar. El señalamiento fue parte de una crítica general hacia fallos judiciales que, en opinión de la SSPC, no habrían garantizado la seguridad pública ni la integridad de los procesos penales en casos de alto impacto delictivo.
Este señalamiento, sin embargo, no se tradujo en sanción ni llevó a un proceso disciplinario o penal en contra del juez en ese momento. Castro Borbón participó en la elección judicial para la renovación de su cargo como juez de distrito especializado en el Quinto Circuito Judicial, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Sonora, pero no logró la reelección y quedó fuera del Poder Judicial federal.
La polémica alrededor de su figura no se limitó a la acusación de García Harfuch. Su nombre también apareció en un listado de aspirantes cuya candidatura debía ser retirada por el Senado y la Cámara de Diputados por supuestamente no cumplir con el requisito de poseer una “buena reputación”, un elemento formal dentro del procedimiento de ratificación de magistrados y jueces federales. Aunado a ello, la propia FGR, bajo la administración de Alejandro Gertz Manero, emitió en 2024 el comunicado 288/24 en el que cuestionó resoluciones judiciales que habían otorgado libertad supervisada a personas implicadas en el caso de la Guardería ABC en Sonora, donde Castro Borbón figuró entre los jueces responsables de esas determinaciones. En ese caso, los imputados, una directora y un coordinador de áreas del IMSS, habían sido vinculados a proceso por homicidio y lesiones tras el incendio de la guardería que dejó decenas de menores muertos y heridos.
El perfil académico y profesional de Aníbal Castro Borbón es habitual dentro de la carrera judicial: licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México, con maestría en Procuración y Administración de Justicia y doctorado en Derecho por el Instituto Internacional de Derecho y del Estado. Su carrera pasó por diversos cargos en la judicatura federal, desde actuario y secretario judicial hasta titular de juzgados de distrito y unidades del Tribunal Unitario.
Su posible nombramiento como delegado de la FGR en una entidad fronteriza como Baja California, donde persisten desafíos significativos en materia de seguridad, narcotráfico y delitos de alto impacto, se da en un momento en que el Gobierno federal insiste en que la política de seguridad prioriza resultados operativos sin tolerar colusiones con el crimen organizado, como lo ha reiterado el propio García Harfuch y otros funcionarios.
El anuncio, aún no oficializado por la FGR ni la Secretaría de Seguridad, ha generado ya reacciones entre actores políticos y organizaciones civiles, que ven en la transición de un cargo judicial —con señalamientos públicos por criterios de libertad judicial— a un puesto clave en la fiscalía un signo de las tensiones persistentes entre la administración de justicia y las prioridades del Estado en materia de seguridad. Las respuestas institucionales y las implicaciones de este movimiento en la agenda de combate a la delincuencia en el norte del país se seguirán desarrollando en los próximos días conforme avance la designación.
