La gobernadora morenista de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, confirmó este jueves que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una carpeta de investigación contra su exesposo, Carlos Torres Torres, por posibles vínculos con tráfico de armas, narcotráfico y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La mandataria, que asumió el cargo en 2021, abordó el tema en una conferencia de prensa en Tijuana, asegurando que la indagatoria corresponde al ámbito personal de Torres y que confía en que la autoridad federal realizará una investigación “en profundidad” para esclarecer los hechos.
De acuerdo con documentos y reportes periodísticos citados por medios nacionales, la investigación se originó a partir de una denuncia anónima recibida en junio de 2025, que apunta a presuntos pagos mensuales de 150,000 dólares que habría recibido Torres por parte de Pedro Ariel Mendivil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali. Esos recursos, según la denuncia, habrían sido entregados para facilitar la operación del grupo criminal conocido como “Los Rusos”, una facción del Cártel de Sinaloa, en territorio bajacaliforniano.
La carpeta de investigación de la FGR no solo señala a Carlos Torres, sino también a su hermano, Luis Alfonso Torres, como presunto operador de una red dedicada a la gestión de fondos ilícitos a través de empresas y apoyos a campañas políticas. Además, otros funcionarios estatales habrían sido mencionados en el expediente, incluidos altos mandos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Baja California y el director de Auditoría de Comercio Exterior, lo que sugiere un entramado complejo de influencias y presuntas facilitaciones en la frontera norte.
La propia gobernadora reconoció que la denuncia que dio origen a la investigación fue anónima, lo que, dijo, forma parte del debido proceso legal. “Carlos ya emitió un posicionamiento. Yo estoy convencida de que la FGR es una institución sumamente seria, que va a hacer una investigación en profundidad y se van a esclarecer los hechos”, afirmó Ávila, subrayando su confianza en la solidez institucional de la Fiscalía.
Por su parte, Carlos Torres Torres ha rechazado categóricamente los señalamientos y, a través de un comunicado, ha calificado la denuncia como “una calumnia sin sustento”, enfatizando su disposición a colaborar con las autoridades para demostrar su inocencia. El exfuncionario ha insistido en que la denuncia anónima no presenta pruebas concretas y que el proceso, a su juicio, es “protocolario”.
Este caso ha reavivado la atención pública sobre hechos que ya marcaron la agenda política en 2025, cuando el Gobierno de Estados Unidos revocó las visas tanto a Marina del Pilar como a Carlos Torres, una medida que generó inquietud y especulaciones sobre posibles vínculos con actividades ilícitas, aunque las autoridades estadounidenses no hicieron públicos los motivos específicos detrás de la decisión consular. Semanas después de esa revocación, la gobernadora anunció su divorcio de Torres, desligándose públicamente de su pareja en medio de la polémica.
Expertos en seguridad y analistas políticos advierten que la investigación de la FGR podría tener implicaciones más amplias si se comprueba la participación de funcionarios en una red de facilidades para el crimen organizado. La frontera entre México y Estados Unidos, especialmente en estados como Baja California, ha sido objeto de intensos esfuerzos de las autoridades para desarticular rutas de tráfico de armas, drogas y dinero, y cualquier señalamiento de complicidad de actores políticos profundiza el escrutinio sobre la gestión pública y la integridad institucional en la región.
A medida que la FGR continúe con sus diligencias y recabe evidencia, se espera que surjan mayores detalles sobre el alcance de las acusaciones y las posibles repercusiones legales y políticas. Por ahora, el caso Carlos Torres mantiene en vilo no solo a la administración estatal, sino también al espectro político nacional, en un momento en que la lucha contra el crimen organizado sigue siendo una de las principales prioridades del gobierno mexicano.
