En la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el diputado federal Hugo Eric Flores Cervantes, integrante del grupo parlamentario de Morena presentó, en un discurso plagado de citas bíblicas, un paquete de tres iniciativas de reforma enfocadas en modificar el marco legal que regula la relación entre el Estado y las asociaciones religiosas, así como las condiciones de seguridad social y fiscales de los ministros de culto en México. Las propuestas abren un nuevo debate sobre los alcances del Estado laico y el papel social de las iglesias.
La primera iniciativa plantea una reforma a la Ley del Seguro Social con el objetivo de permitir que los ministros de culto puedan incorporarse al Instituto Mexicano del Seguro Social. De acuerdo con el legislador, la afiliación se realizaría mediante el pago de cuotas voluntarias por parte de las propias iglesias, sin que ello implique una carga directa para el erario. Flores sostuvo que existen cientos de ministros de culto que, tras décadas de servicio, carecen de cualquier tipo de pensión o acceso a servicios de salud, situación que, dijo, contraviene el derecho constitucional a la seguridad social. En su argumentación, el diputado subrayó que la medida no busca privilegios, sino garantizar condiciones mínimas de protección para un sector que actualmente se encuentra en la informalidad laboral.
La segunda propuesta presentada modifica disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y del Código Civil Federal. El planteamiento central es que las asociaciones religiosas que realicen actividades de asistencia social puedan acceder a un régimen fiscal que les permita deducir impuestos, de manera similar al que actualmente tienen las asociaciones civiles sin fines de lucro. Flores explicó que numerosas organizaciones religiosas participan de forma activa en tareas de apoyo comunitario, atención a personas en situación de calle, migrantes o población vulnerable, labores que, afirmó, el Estado no siempre alcanza a cubrir por limitaciones presupuestales o de capacidad operativa. Bajo este esquema, las iglesias que acrediten dichas actividades podrían obtener beneficios fiscales, siempre dentro de un marco regulado.
La tercera iniciativa propone cambios a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público para permitir que las iglesias no sólo sean usuarias de tiempos oficiales en radio y televisión, sino que puedan acceder a concesiones de medios de comunicación. Actualmente, la legislación limita la participación de asociaciones religiosas en el espectro radioeléctrico, lo que, a juicio del legislador, genera una desigualdad frente a otros actores sociales. Flores rechazó que esta propuesta represente una violación al principio del Estado laico y afirmó que la separación entre Iglesia y Estado se mantiene intacta. En defensa de su planteamiento, recurrió a la conocida frase “a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César”, para sostener que la laicidad no implica excluir a las expresiones religiosas del espacio público, sino evitar su injerencia directa en el poder político.
Las tres iniciativas fueron turnadas para su análisis legislativo y previsiblemente generarán un intenso debate entre especialistas, organizaciones civiles y fuerzas políticas, particularmente por las implicaciones históricas y constitucionales que tiene cualquier modificación al régimen de las asociaciones religiosas en México. Mientras sus impulsores sostienen que se trata de un reconocimiento a la labor social de las iglesias y de una ampliación de derechos, sus críticos anticipan una discusión de fondo sobre los límites entre lo religioso y lo público en un Estado que, por mandato constitucional, se define como laico.
