En las últimas semanas ha resurgido en plataformas digitales una serie de acusaciones graves que apuntan al actual presidente municipal de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, por supuestos vínculos con organizaciones delictivas, prácticas de tortura sistemática durante su paso por la Procuraduría de Justicia de Nuevo León y adjudicaciones de contratos públicos a empresas señaladas de formar parte de redes de lavado de dinero vinculadas al crimen organizado. Estas acusaciones, difundidas sobre todo por el medio investigativo Narcopolíticos, han generado controversia por el impacto político y social que podrían tener, aunque hasta el momento no existen investigaciones judiciales abiertas, ni cargos formales presentados por autoridades oficiales que confirmen penalmente estos señalamientos.
Los orígenes de las acusaciones se remontan a documentos atribuidos a “narconóminas” que supuestamente fueron recuperadas por el Ejército mexicano tras enfrentamientos con Los Zetas en Nuevo León. Según estas versiones, funcionarios de seguridad estatal, entre ellos De la Garza cuando desempeñaba cargos dentro de la Procuraduría, habrían sido mencionados en registros de sobornos pagados por el grupo criminal. El propio medio que difundió estas afirmaciones sostiene que estas libretas habrían sido enviadas a la Procuraduría para su investigación, generando un conflicto de interés al involucrar a los mismos funcionarios encargados de esclarecer los hechos.
Este tipo de señalamientos no es nuevo en el contexto político regional. En el pasado, informes periodísticos y de autoridades extranjeras han documentado la existencia de investigaciones sobre operadores financieros de Los Zetas en Europa, en las que, de acuerdo con esos reportes, se mencionaban vínculos –en términos de proximidad profesional– con procuradores estatales mexicanos, incluido el nombre de De la Garza. El entonces funcionario negó cualquier relación con dichos grupos cuando estos señalamientos salieron a la luz.
Otra arista de la polémica gira en torno a las prácticas de detención y tortura durante la administración de la Procuraduría de Nuevo León entre 2011 y 2015, periodo en el que De la Garza fue titular de esa dependencia. Organizaciones de derechos humanos y comisiones estatales han documentado casos de abusos graves por parte de agentes de investigación en ese contexto, incluida la fabricación de culpables con uso de tortura. Si bien estos informes existen y han sido objeto de recomendaciones para autoridades, no implican directamente al alcalde en actos delictivos confirmados por un juez, sino que forman parte de un diagnóstico más amplio sobre irregularidades institucionales en ese periodo.
Adicionalmente, se han señalado adjudicaciones de contratos públicos desde el municipio de Monterrey a empresas que, según algunos reportes mediáticos, estarían vinculadas indirectamente a redes de lavado de dinero asociadas al Cártel de Sinaloa.
Es importante enfatizar que, más allá de los señalamientos difundidos en plataformas de investigación y en redes sociales, las autoridades competentes no han anunciado hasta la fecha ninguna investigación penal en curso ni cargos formales contra De la Garza por vínculos con cárteles o por delitos relacionados con narcotráfico. En declaraciones públicas anteriores, el propio político ha rechazado tener algo que ocultar y ha negado cualquier relación con actividades ilícitas, sosteniendo que su carrera se ha desarrollado dentro del marco legal.
