La política municipal en Morelos enfrenta uno de sus episodios más tensos en años, tras confirmarse que seis presidentes municipales están siendo objeto de investigaciones por presuntas irregularidades relacionadas con el uso de recursos públicos, en un momento en que la vigilancia sobre la gestión del gasto se ha intensificado en los gobiernos locales. Las indagatorias son encabezadas por la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) del estado, que destapó presuntas anomalías en la contratación de artistas, la organización de festividades populares y el ejercicio presupuestal en diversas demarcaciones, así como se han complementado con señalamientos por sospechas de colusión con el crimen organizado por parte de la Secretaría de Seguridad Pública.
La ESAF, a cargo de José Blas Cuevas Díaz, ha confirmado que sus auditorías incluyen a los municipios de Amacuzac, Xochitepec, Emiliano Zapata, Tepoztlán, Tlayacapan y Yautepec, donde se investiga el destino de partidas presupuestales que presuntamente se habrían destinado —de manera irregular— a la contratación de artistas musicales y actividades festivas durante carnavales y fiestas patronales, así como otros gastos sociales que ahora son objeto de revisión técnica y legal. En el caso de Amacuzac, específicamente, se revisa un gasto que asciende a más de 300 mil pesos para la compra de cervezas con recursos públicos durante una festividad local, situación que ha generado cuestionamientos profundos sobre el manejo de fondos municipales.
Las investigaciones de la ESAF no se limitan a observaciones administrativas; de acuerdo con comunicados oficiales, las auditorías han permitido identificar elementos que podrían derivar en denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en caso de comprobarse daño al erario o incumplimiento de las normas de transparencia y uso adecuado de recursos públicos. El titular del órgano fiscalizador ha subrayado que las revisiones se encuentran en proceso, evaluando contratos, comprobantes de gasto y documentación patrimonial de los servidores públicos involucrados, lo que podría traducirse en responsabilidades administrativas o incluso penales si se acredita alguna irregularidad.
Además del enfoque económico, otro frente de investigación ha sido abierto por el secretario de Seguridad Pública de Morelos, Miguel Ángel Urrutia Lozano, quien señaló que al menos cinco alcaldes están bajo escrutinio por denuncias ciudadanas que apuntan a posibles vínculos con grupos delictivos, aunque sin revelar nombres ni mayores detalles técnicos sobre esa vertiente de las indagatorias. Este tipo de señalamientos —combinados con los cuestionamientos por el uso de recursos públicos— añade una dimensión de riesgo institucional y político a los ayuntamientos involucrados.
En paralelo a las auditorías y las posibles carpetas de investigación penal, la escena política estatal se ha visto marcada por llamados directos a sanciones y a una mayor claridad en las indagatorias. El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado de Morelos exigió que se llegue “hasta las últimas consecuencias legales” en la investigación de los ediles, insistiendo en que no se proteja políticamente a ningún funcionario implicado y que se garantice la rendición de cuentas ante la ciudadanía, que observa con creciente descontento la gestión de los recursos públicos. De manera similar, sectores de la oposición, como la bancada del PAN, han exigido que se clarifiquen los señalamientos y se avances en las investigaciones para que, de encontrarse méritos, se actúe con rigor jurídico.
El hecho de que sean varios municipios bajo escrutinio simultáneo plantea un desafío para la gobernabilidad local y pone en el centro del debate público la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización y control interno en las administraciones municipales de Morelos.
La articulación de estos casos se da en un contexto donde la sociedad exige mayor transparencia y resultados concretos en el combate a la corrupción y el mal uso de recursos públicos a nivel local, con una ESAF más activa en sus funciones y un aparato de seguridad que no descarta líneas de investigación complejas que vayan más allá de simples observaciones administrativas. Mientras tanto, los alcaldes señalados enfrentan el reto de demostrar la legalidad y legitimidad de su gestión ante la opinión pública y las autoridades competentes.
