La histórica radiodifusora pública Radio Educación se convirtió este jueves en escenario de un reclamo que resonó más allá de las ondas hertzianas: sus trabajadores protestaron frente a la Secretaría de Cultura para exigir un presupuesto digno que asegure su operación y preservación en el 2026, en una manifestación que pone en el centro del debate la política cultural del gobierno federal y la fragilidad de los medios públicos en México.
A mediodía, en el emblemático edificio de Arenal 40, en la colonia Chimalistac de la capital del país, empleados de base, locutores, técnicos y colaboradores por honorarios de la radiodifusora se congregaron con pancartas y consignas para fijar una postura clara: sin recursos suficientes, la emisora —que cumplió 100 años en 2025— confronta “la peor crisis de la última década” y corre riesgo de ver mermada su capacidad de operar con normalidad. La secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Radio Educación, Lourdes Garzón Mendoza, encabezó el mitin y aseguró que las autoridades de la Secretaría de Cultura han mostrado desinterés ante la gravedad de la situación.
El reclamo se concentra en la asignación presupuestal del ejercicio fiscal 2026, criticada por los trabajadores por ser insuficiente para cubrir gastos básicos de operación. De acuerdo con las denuncias, la emisora ha enfrentado cortes de energía eléctrica por falta de pago y, en varias ocasiones, durante jornadas extensas ha debido operar con una planta de diésel. Asimismo, señalan retrasos en el pago de conceptos como “servicios adicionales compensados”, honorarios a profesionales independientes, así como servicios de limpieza y vigilancia, lo que —denuncian— ha minado la normalidad de la programación y las condiciones laborales de quienes sostienen la transmisión diaria.
La protesta no fue un acto aislado de descontento: el sindicato afirma que ha buscado interlocución con las autoridades desde hace semanas sin ver soluciones claras. “Esto no es nuevo, hoy llegamos aquí porque la situación se ha venido agudizando”, expresó Garzón Mendoza, enfatizando que las exigencias de mejores condiciones y de un presupuesto adecuado ya habían sido planteadas previamente sin respuestas contundentes.
Frente a los manifestantes, la directora general de Radio Educación, Fernanda Tapia, quien ha sido objeto de críticas por su ausencia física en las instalaciones, se presentó ante medios y convocó a una mesa de diálogo con los trabajadores. Tapia defendió que los pagos de la nómina base están al día y que los retrasos corresponden a apoyos extraordinarios, aunque reconoció la necesidad de destrabar los flujos presupuestales para atender esas obligaciones. “Estoy muy, pero muy optimista porque el acercamiento de esta forma seguramente va a destrabar cualquier situación que haya”, afirmó al ser cuestionada.
La tensión en torno a Radio Educación se enmarca en un contexto más amplio de restricciones presupuestarias para la cultura en México. Organizaciones civiles y especialistas en políticas culturales han advertido desde la presentación del paquete económico para 2026 que el sector enfrenta recortes o asignaciones que no responden a las necesidades reales de operación, quedando por debajo de estándares mínimos internacionales para garantizar el acceso a derechos culturales.
Para los trabajadores de la estación, no se trata únicamente de un conflicto laboral, sino de una defensa de un espacio fundamental para la diversidad cultural y el pensamiento crítico. Un medio con un siglo de historia, que ha contribuido a la formación de generaciones de audiencias a través de programas educativos, culturales y artísticos, ahora ve en jaque su continuidad y su misión pública. La protesta de este jueves, más allá de una demanda de recursos, busca poner sobre la mesa la pregunta de cuál es el lugar de los medios públicos culturales en las agendas gubernamentales del presente y del futuro.
Mientras la mesa de diálogo entre autoridades y trabajadores queda abierta, la comunidad radiofónica y los defensores de la cultura observan con atención, conscientes de que la resolución de este conflicto podría marcar un precedente para otros organismos culturales que también enfrentan limitaciones presupuestales y presiones institucionales.
