Una nueva controversia rodea al Congreso de Baja California luego de que una fuente del gobierno de Estados Unidos asegurara a este medio que la visa del diputado local de Morena, Jaime Cantón Rocha, habría sido cancelada. La información, atribuida a una fuente que en ocasiones anteriores ha proporcionado datos sobre la revocación de visas a funcionarios mexicanos, coloca nuevamente a la entidad fronteriza bajo la lupa de las autoridades estadounidenses, en particular de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).
De acuerdo con dicha fuente, la presunta cancelación del documento migratorio del legislador, quien actualmente representa a Mexicali en el Congreso local, se inscribiría en una serie de revisiones que las autoridades de Estados Unidos mantienen sobre funcionarios de Baja California. No obstante, hasta el momento no existe confirmación pública por parte de instancias oficiales estadounidenses que respalde de manera directa esta versión.
El diputado local señaló que no se encuentra impedido de manera definitiva para ingresar a Estados Unidos, sino que su visa estaría en un proceso de renovación, razón por la cual actualmente no puede cruzar la frontera.
La diferencia entre ambas versiones abre un margen de incertidumbre. Por un lado, la afirmación de una presunta cancelación del documento migratorio y, por otro, la explicación oficial de que se trata de un trámite administrativo en curso. Esta situación ha generado especulación en el ámbito político local, especialmente por tratarse de un legislador joven cuya carrera pública aún se encuentra en una etapa inicial y que forma parte de la bancada de Morena en un estado clave por su relación cotidiana con Estados Unidos.
El caso se suma a otros episodios recientes en los que funcionarios de la región han enfrentado cuestionamientos similares, manteniendo a Baja California en el centro de la atención binacional.
La evolución de este tema dependerá de si alguna autoridad estadounidense confirma o desmiente la presunta cancelación, o si el propio legislador decide ofrecer detalles adicionales sobre su situación migratoria. Por ahora, el episodio permanece como una polémica abierta que sigue generando ruido político en el Congreso local.
