Militantes de Morena en Ixtapaluca, Estado de México, presentaron una denuncia formal contra Gerardo Guerrero Ramírez, aspirante a la alcaldía municipal y a la coordinación local de la Cuarta Transformación, a quien señalan por presunto tráfico de influencias en la liberación de su hijo, Kevin Guerrero Torres. El joven había sido sentenciado en agosto de 2025 a 62 años y tres meses de prisión por el homicidio de María Enedelia Mejía Pérez, ocurrido en mayo de 2023, pero un tribunal de alzada lo absolvió meses después.
De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos se registraron el 5 de mayo de 2023. Kevin Guerrero Torres, entonces de 22 años y pareja sentimental de Paola Alondra Mejía García, hija de la víctima, fue acusado de privar de la libertad a Paola durante varios días en un inmueble de Valle de Chalco propiedad de sus padres, así como de agredirla. En ese contexto, según la acusación, asesinó a María Enedelia y ocultó su cuerpo en el patio de la vivienda. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México también lo imputó por delitos como secuestro, tortura y violencia sexual en agravio de la joven.
En agosto de 2025, un tribunal de enjuiciamiento del distrito judicial de Chalco determinó su responsabilidad y le impuso la condena de 62 años y tres meses. Sin embargo, el 12 de noviembre de ese mismo año, el Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Texcoco, integrado por la magistrada Cecilia Moreno Luna y los jueces Diana Garduño Santiago y José Antonio Cuenca Hernández, resolvió por unanimidad absolverlo. Los magistrados argumentaron que la fiscalía no había superado la carga probatoria exigida constitucionalmente y que las pruebas presentadas resultaban insuficientes o ineficaces para acreditar la responsabilidad penal más allá de la presunción de inocencia. Ordenaron su libertad inmediata.
La decisión judicial generó desde entonces críticas de la familia de las víctimas y de colectivos de mujeres. Paola Alondra Mejía García ha expresado públicamente temor por su seguridad y ha señalado irregularidades en el proceso. Organizaciones civiles han cuestionado el fallo y han apuntado a los vínculos políticos del padre del absuelto: Gerardo Guerrero Ramírez se desempeñaba como séptimo regidor de Ixtapaluca por Morena y es señalado como cercano al presidente municipal Felipe Arvizu de la Luz. Estos grupos han hablado de posibles actos de corrupción o influencia, aunque no se ha documentado públicamente una investigación penal formal en ese sentido contra el regidor.
Ahora, a casi un año de la absolución, bases del partido en el municipio retoman el caso. Exigen a las instancias internas de selección de candidaturas de Morena revisar con detalle el perfil de Gerardo Guerrero antes de cualquier registro oficial. Argumentan que la permanencia de un aspirante con estos señalamientos podría generar un costo político y cuestionan la consistencia entre el discurso de justicia del movimiento y la percepción de impunidad que, según ellos, deja el caso.
Gerardo Guerrero Ramírez, por su parte, se ha presentado como fundador del movimiento en Ixtapaluca, con trayectoria como consejero y regidor. En días recientes ha hablado públicamente de sus aspiraciones políticas locales, aunque hasta el momento no se conocen declaraciones suyas específicas sobre las nuevas denuncias de los militantes.
El episodio reabre el debate sobre la independencia del Poder Judicial, la calidad de las investigaciones ministeriales en casos de violencia contra mujeres y el escrutinio que deben enfrentar los perfiles políticos con familiares involucrados en procesos penales graves. Mientras los denunciantes piden transparencia y revisión, la resolución del tribunal de alzada se sostiene en la insuficiencia de pruebas acreditada por los magistrados. El caso continúa generando inquietud en Ixtapaluca y mantiene vigentes las preocupaciones de las víctimas sobre su seguridad y el acceso a la justicia.
