En medio de una crisis política e institucional sin precedentes para este municipio cuya economía gira en torno al tequila y al turismo, Lorena Marisol Rodríguez Rivera ha asumido la presidencia municipal interina de Tequila bajo una nube de controversias que involucran tanto su cercanía con el alcalde detenido como una grabación que la vincula simbólicamente con la cultura del narcotráfico.
La designación de Rodríguez Rivera se consumó el pasado 8 de febrero en una sesión extraordinaria del Ayuntamiento, en la que obtuvo seis votos a favor, tres en contra y una abstención para ocupar el cargo que dejó vacante Diego “N” Rivera Navarro, alcalde morenista arrestado tres días antes por autoridades federales. Rivera Navarro fue detenido como parte de la Operación Enjambre, una estrategia nacional contra la extorsión y la corrupción que lo acusa de liderar una red de cobros ilegales a empresas tequileras y cerveceras, entre ellas la firma Becle (Jose Cuervo), con presuntos vínculos al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y prácticas de abuso de poder desde el Ayuntamiento.
La rapidez con que se llevó a cabo la transición —menos de 20 minutos— y las condiciones estrictas de acceso a la sesión convocada por el secretario general municipal, han generado desconfianza entre opositores y sectores de la sociedad civil local que cuestionan si realmente se ha asegurado una ruptura con la administración saliente o simplemente se ha reforzado la continuidad política de un grupo señalado por presuntas prácticas ilícitas.
En su primer pronunciamiento público como alcaldesa, Rodríguez Rivera aseguró que su gestión buscará “estabilidad, trabajo y resultados” para las familias de Tequila, apelando al carácter y la unidad comunitaria sin referirse directamente a las acusaciones que persisten contra su antecesor ni a las investigaciones abiertas sobre la administración anterior. Sin embargo, su arranque se ha visto empañado por una polémica que se remonta a mayo de 2025, cuando circuló un video en redes sociales que la muestra en una fiesta interpretando o acompañando canciones del género conocido como narcocorrido, específicamente vinculadas al CJNG y al líder de esa organización criminal, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.
Ese material audiovisual ha sido retomado con fuerza en las últimas horas tras su nombramiento como alcaldesa, provocando indignación entre ciudadanos y analistas que consideran inadmisible que una funcionaria pública de alto nivel haya sido grabada participando en la interpretación de un corrido que, por su letra e iconografía, está asociado a la exaltación del crimen organizado en el estado. El video ha circulado en redes con amplia difusión y ha sido replicado por algunos medios locales, aunque Rodríguez y su entorno argumentaron en su momento que se trató de una situación casual en una reunión privada y que no controla la música en esos contextos.
Analistas políticos consultados por este portal coinciden en que la reproducción de ese video en el momento del relevo institucional agrega un elemento de presión social sobre la administración emergente, pues sitúa la gestión de Rodríguez Rivera en un escenario en el que la credibilidad pública y la legitimidad del ejercicio del poder ya estaban erosionadas por los señalamientos contra su predecesor. Además, la polémica se produce en un contexto nacional delicado, donde la presencia de narcocorridos y otros elementos culturales vinculados al crimen organizado ha sido objeto de debates públicos y hasta de acciones regulatorias en diversas entidades.
La detención de Rivera Navarro y de tres de sus colaboradores también ha elevado el escrutinio sobre el fenómeno de la infiltración del crimen organizado en espacios de gobierno local, un problema que autoridades federales han advertido como factor de riesgo para la gobernabilidad y la inversión económica, particularmente en regiones clave como Jalisco. La propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha respaldado las acciones judiciales contra el exalcalde y ha subrayado que ningún partido político, incluido el suyo, debe tolerar ni encubrir delitos de esa naturaleza.
Mientras tanto, en Tequila crece la expectación sobre si la nueva administración de Lorena Marisol Rodríguez Rivera podrá distanciarse de las sombras que envuelven a la gestión precedente y responder a las demandas de transparencia e integridad que ciudadanos, empresarios y actores políticos han planteado ante este episodio. En las próximas semanas, tanto la evolución de las investigaciones penales como las decisiones políticas que adopte el Ayuntamiento marcan el rumbo de un municipio que se debate entre la recuperación institucional y las secuelas de una crisis político-criminal que ha puesto a prueba la resiliencia de sus instituciones democráticas.
