La tragedia protagonizada por trabajadores de la minería en Sinaloa tomó un giro aún más sombrío esta semana cuando las autoridades confirmaron que varios de los trabajadores mineros desaparecidos desde el 23 de enero han sido hallados muertos en fosas clandestinas en la comunidad de El Verde, municipio de Concordia, al sur del estado.
La Fiscalía General de la República (FGR), junto con colectivos de búsqueda y familiares, ha trabajado desde hace días en la zona serrana tras la denuncia de desaparición de 10 trabajadores de la empresa minera canadiense Vizsla Silver. Inicialmente reportados como secuestrados por un grupo armado, los operativos de búsqueda se intensificaron luego de los primeros hallazgos de restos humanos en predios cercanos al lugar donde se encontraban los empleados.
Hasta este lunes, al menos cinco de los 10 trabajadores han sido identificados sin vida tras ser encontrados en fosas clandestinas entre El Verde y sus alrededores. Autoridades y familiares confirmaron las identidades de los mineros José Ángel Hernández Vélez (37), Ignacio Aurelio Salazar Flores (40), José Manuel Castañeda Hernández (43), José Antonio Jiménez Nevárez y Francisco de la O Valdez, cuyos restos fueron reconocidos oficialmente por peritos del Servicio Médico Forense y notificados a sus seres queridos.
El hallazgo ha generado impacto y dolor entre las comunidades de origen de las víctimas y en el sector minero. Familias y organizaciones han exigido justicia y una investigación exhaustiva para encontrar a los otros cinco trabajadores aún desaparecidos, al tiempo que señalan la necesidad de reforzar la seguridad en zonas mineras, donde la violencia asociada con grupos criminales ha aumentado en los últimos años.
El colectivo Madres Buscadoras de Sonora, que colabora en las labores de búsqueda, advirtió que la fosa de El Verde podría ser parte de un “cementerio clandestino” con múltiples víctimas más allá de los mineros desaparecidos originalmente, lo que sugiere que la cifra de cuerpos hallados podría ser significativamente mayor y no limitada a las 10 personas reportadas inicialmente.
El caso ha reabierto el debate sobre la seguridad en zonas rurales y mineras de Sinaloa, donde enfrentamientos entre cárteles, extorsión y violencia han marcado la vida cotidiana. La presencia de grupos del crimen organizado en áreas de extracción de recursos, sumada a deficiencias en la protección de trabajadores, se ha convertido en un foco de preocupación tanto para autoridades como para empresas y comunidades.
Este hallazgo vuelve a exhibir las fallas estructurales de la estrategia de seguridad del gobierno actual, particularmente en regiones donde la presencia del Estado es mínima o reactiva. A pesar de los discursos oficiales sobre la contención de la violencia y el control territorial, los hechos muestran que grupos criminales continúan operando con libertad en zonas serranas de Sinaloa, donde la desaparición y asesinato de trabajadores ocurre sin una respuesta inmediata y eficaz. La tragedia no solo refleja la vulnerabilidad de quienes laboran en actividades de alto riesgo, sino también la ausencia de políticas preventivas, de protección laboral y de resultados concretos frente a la impunidad.
Las investigaciones continúan, con operativos que buscan localizar a los mineros restantes y esclarecer las circunstancias que rodearon su desaparición y muerte. Las autoridades han implementado patrullajes y cateos en la región, y mantienen comunicación constante con las familias de las víctimas para proporcionar actualizaciones oficiales.
