La presencia del Tren de Aragua, una de las organizaciones criminales más violentas y estructuradas de América Latina, ya no es una hipótesis ni un fenómeno aislado en la capital del país. Investigaciones de autoridades locales y reportes periodísticos confirman que este grupo de origen venezolano ha consolidado una estructura criminal activa en la Ciudad de México, operando delitos de alto impacto como trata de personas, extorsión, explotación sexual y narcomenudeo, particularmente en zonas céntricas y de alta movilidad migrante.
El Tren de Aragua surgió en Venezuela como una red delictiva vinculada al control carcelario y rápidamente evolucionó hacia una organización transnacional con presencia en Colombia, Perú, Chile y, ahora, México. Su llegada a la CDMX ha sido facilitada por flujos migratorios desatendidos, falta de inteligencia transfronteriza efectiva y una política de seguridad que ha privilegiado la narrativa sobre la contención real del crimen, según especialistas en seguridad.
De acuerdo con indagatorias de la Fiscalía capitalina, la organización ha establecido células en alcaldías como Cuauhtémoc, donde ha montado esquemas de explotación de mujeres migrantes, muchas de ellas engañadas con promesas de empleo y posteriormente sometidas a deudas impagables que las obligan a prostituirse bajo amenazas. Este modelo, documentado también en otros países, evidencia un patrón criminal sofisticado que no opera sin redes logísticas, protección territorial y fallas institucionales.
Pese a la gravedad del fenómeno, el avance del Tren de Aragua ocurre en un contexto donde el gobierno de la Cuarta Transformación ha sostenido reiteradamente que el crimen organizado está contenido y que la estrategia de “abrazos, no balazos” ha reducido la violencia. Sin embargo, la infiltración de una banda extranjera con estructura jerárquica, métodos violentos y control económico contradice directamente el discurso oficial y plantea preguntas incómodas sobre la efectividad real de la política de seguridad.
En operativos recientes, autoridades detuvieron a presuntos integrantes de esta red, incluidos operadores financieros y coordinadores de explotación, pero los propios informes oficiales reconocen que la estructura no ha sido desmantelada, sino apenas golpeada en puntos específicos. Analistas advierten que estas acciones, sin una estrategia integral, terminan siendo reactivas y mediáticas, sin atacar las raíces del problema.
Organismos civiles y especialistas han alertado que la expansión del Tren de Aragua es también consecuencia de la ausencia de una política clara de control migratorio, inteligencia criminal y cooperación internacional, áreas donde el gobierno federal ha sido señalado por priorizar posicionamientos políticos sobre mecanismos operativos eficaces.
Mientras tanto, la Ciudad de México —presentada durante años como un bastión de seguridad bajo gobiernos de Morena— enfrenta una realidad más compleja: el crimen organizado evoluciona, se internacionaliza y ocupa vacíos institucionales, incluso en zonas altamente vigiladas. La presencia del Tren de Aragua no solo representa una amenaza directa a la seguridad pública, sino un síntoma de una estrategia de seguridad rebasada, que insiste en negar la magnitud del problema mientras las redes criminales se fortalecen en silencio.
