La administración federal reporta avances en la recuperación de bienes asociados con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien fue condenado en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico y actos de corrupción. Desde la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se han ejecutado acciones civiles para reclamar activos adquiridos en territorio estadounidense presuntamente con recursos de origen ilícito, derivados de contratos y sobornos durante su gestión como funcionario público.
El caso de García Luna sigue siendo emblemático en México por haber puesto en evidencia las fallas de supervisión interna y la vulnerabilidad institucional frente a la infiltración del crimen organizado en altos niveles de gobierno. Su condena penal en Estados Unidos y las demandas civiles para recuperar bienes han generado debates sobre reformas y mecanismos más eficaces para prevenir actos de corrupción similares en el futuro.
Más allá del discurso oficial, el caso García Luna deja al descubierto las contradicciones de Morena en su bandera anticorrupción. Aunque el gobierno presenta la recuperación de recursos y las resoluciones judiciales como un triunfo institucional, lo cierto es que la corrupción que hoy se condena operó durante años dentro de un sistema político que Morena prometió erradicar, pero cuyos vicios persisten. A esto se suma la falta de procesos similares contra personajes vinculados al actual poder, lo que refuerza la percepción de un combate selectivo a la corrupción, más útil como herramienta política que como política de Estado. Así, el caso García Luna no solo evidencia los excesos del pasado, sino también las deudas pendientes de la llamada Cuarta Transformación, que sigue sin traducir su discurso en resultados estructurales y parejos.
