La discusión parlamentaria sobre la reforma constitucional que propone reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales —una iniciativa que ha cobrado relevancia política y mediática en las últimas semanas— no sólo ha puesto en el centro de la agenda los derechos laborales en México, sino también ha generado tensiones en diversas fuerzas políticas, incluyendo a Movimiento Ciudadano, partido al que pertenece la senadora Alejandra Barrales. En una entrevista reciente con MVS Radio, Barrales mostró una postura crítica con el dictamen aprobado por el Senado y que ahora se encuentra en discusión en la Cámara de Diputados, calificando algunos de sus elementos como una “mercantilización del descanso” que podría terminar perjudicando a las y los trabajadores en lugar de beneficiarlos.
El Senado de la República aprobó en lo general la reforma impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum con 121 votos a favor, incluyendo a legisladores de oposición como los de Movimiento Ciudadano, PAN y PRI. La propuesta establece la reducción progresiva de la jornada laboral, restando dos horas cada año hasta alcanzar las 40 horas semanales en 2030, con el objetivo declarado de mejorar la calidad de vida y la productividad laboral en el país, donde los trabajadores mexicanos registran una de las jornadas más largas entre los países de la OCDE.
Sin embargo, según Barrales, la reforma tal y como fue aprobada no cumple con la visión original que Movimiento Ciudadano defendió por varios años. En sus declaraciones a MVS Radio, recordó que su partido ha impulsado históricamente la reducción de la jornada laboral como una vía para fortalecer la convivencia familiar, el bienestar y la reactivación de economías locales. Dijo que, pese a apoyar la iniciativa en lo general, siente “sentimientos encontrados” porque la propuesta aprobada difiere en aspectos clave de la propuesta naranja. Entre estos, señaló que la reducción efectiva de la jornada está diluida por un esquema de implementación paulatina y, sobre todo, por disposiciones sobre horas extras que, en su opinión, “desvirtúan” la naturaleza del descanso laboral. En ese sentido, alertó que la ampliación de las horas extraordinarias podría abrir la puerta a que muchas personas trabajadoras prefieran “vender sus descansos” por necesidad económica, en lugar de disfrutar de más tiempo libre, lo que constituye, a su juicio, una forma de mercantilizar el descanso. Enfatizó que la intención original de Movimiento Ciudadano era que la reforma terminara por consolidar verdaderamente un equilibrio entre la vida laboral y personal, con un esquema de cinco días de trabajo y dos de descanso, una modificación que, dijo, no se logró articular en el dictamen aprobado. Por ello, adelantó que su bancada continuará con reservas y propuestas para modificar la ley y garantizar lo que consideró la esencia de su planteamiento histórico.
Un punto de fricción central ha sido precisamente la ausencia de una garantía explícita de dos días de descanso semanal obligatorios en la reforma aprobada en el Senado, lo cual ha sido criticado tanto por legisladores de oposición como por sindicatos y organizaciones civiles. Bajo la redacción actual, la reforma mantiene el esquema tradicional de seis días de trabajo por uno de descanso, aunque con menos horas semanales, y amplía el límite de horas extraordinarias de nueve a doce por semana.
Barrales subrayó que México es uno de los países donde las personas trabajadoras laboran más horas al año dentro de la OCDE, sin que esto se traduzca necesariamente en mayor productividad ni en mejor calidad de vida, y criticó que la reforma, en su forma actual, no aborda de manera integral estos desafíos. También señaló que, aunque Movimiento Ciudadano votó a favor de la iniciativa en el Senado, lo hizo con reservas y con la firme intención de presentar modificaciones en futuros debates legislativos.
La postura de Barrales refleja un debate más amplio dentro de la política laboral mexicana, donde sectores progresistas, empresariales y gubernamentales discuten cómo articular una reforma que permita adaptarse a las demandas contemporáneas del mercado de trabajo sin sacrificar los derechos y el bienestar de las y los trabajadores. Mientras la iniciativa sigue su trámite en la Cámara de Diputados, grupos sindicales, legisladores de oposición y expertos continuarán analizando posibles ajustes a la redacción que atiendan las preocupaciones expresadas por Barrales y otros críticos respecto a la implementación efectiva de la jornada de 40 horas y la garantía de descanso real para la fuerza laboral.
