En el contexto del Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer Infantil, la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados ha vuelto a poner en el centro del debate legislativo una propuesta que para muchos especialistas y organizaciones civiles representa una deuda histórica del Estado mexicano: garantizar, por ley, la atención integral y gratuita para niñas, niños y adolescentes con cáncer en todo el territorio nacional. La iniciativa, presentada desde hace más de un año, busca reformar la Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia para que los principios de universalidad, integralidad, oportunidad y gratuidad queden claramente consagrados como pilares del marco jurídico que rige la atención de esta enfermedad tan devastadora.
La propuesta legislativa, impulsada por la diputada María de Fátima García León y respaldada por diversos integrantes de la bancada naranja, no se limita a enunciados simbólicos. Propone que las dependencias del Sistema Nacional de Salud, así como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, adopten las medidas administrativas y presupuestales para garantizar que todas las niñas, niños y adolescentes con sospecha o diagnóstico de cáncer tengan acceso sin costo a servicios médicos especializados, tratamientos, medicamentos y seguimiento clínico. Sus promotores han señalado que, si bien México cuenta con estadísticas sobre incidencia y mortalidad de cáncer infantil, este marco aún no se traduce en coberturas efectivas y homogéneas que lleguen a las familias que más lo necesitan.
Las cifras más recientes de la Secretaría de Salud y el Registro de Cáncer en Niños y Adolescentes indican que en México se registran entre 5 y 6 mil nuevos casos al año, con tasas de incidencia que superan los 110 casos por millón en niños y alcanzan casi 90 a nivel nacional. Estudios de organizaciones internacionales recuerdan que, a nivel mundial, se diagnostican alrededor de 300 mil casos de cáncer en menores de 18 años cada año, y que la detección tardía sigue siendo una de las principales barreras para la supervivencia. En países con sistemas de salud más robustos, las tasas de curación superan el 80 %, mientras que en naciones como México las cifras son considerablemente menos alentadoras.
Para Movimiento Ciudadano, la urgencia de reformar la ley radica en transformar una realidad en la que —según diversas estimaciones— un porcentaje significativo de diagnósticos se realizan en etapas avanzadas, reduciendo drásticamente las posibilidades de cura y elevando el sufrimiento tanto de los pacientes como de sus familias. La bancada advierte que no basta con reconocer el derecho a la salud en la Constitución; es indispensable dotarlo de mecanismos efectivos y presupuestos concretos que permitan su ejercicio en los hechos.
Los impulsores de la iniciativa citan como referencia los modelos de atención implementados en Jalisco y Nuevo León, dos estados gobernados por Movimiento Ciudadano donde se han desarrollado políticas públicas centradas en el cáncer infantil. En Jalisco, desde 2022 se ha aplicado la estrategia de Cobertura Universal y Atención Integral para niñas, niños y adolescentes diagnosticados con cáncer, acompañada de la creación de infraestructura especializada como el Centro Integral de Atención Infantil (CIAI), dotada de recursos, profesionales y equipamiento para atender casos complejos. En Nuevo León, por su parte, se implementó un programa de cobertura universal que garantiza el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación progresiva de los menores, junto con la inauguración de la primera área de cobertura universal de cáncer infantil en la Unidad de Oncología Pediátrica del Hospital de Alta Especialidad de Medicina Avanzada (HAEMA).
A pesar de estos avances locales, la discusión a nivel federal enfrenta resistencias y desafíos propios de un Congreso fragmentado. La iniciativa de Movimiento Ciudadano permanece “congelada” —como la califican sus promotores— en las comisiones correspondientes desde hace más de un año, mientras organizaciones de la sociedad civil, médicos y familiares de pacientes presionan para que se dé prioridad a este conjunto de reformas que consideran estratégicas para reducir las desigualdades y salvar vidas. Esta falta de acuerdo ha sido interpretada por algunos sectores como una muestra de la falta de voluntad política para transformar un sistema de salud que, en la práctica, aún deja a muchas familias sin acceso oportuno a tratamientos oncológicos.
En un país donde la mortalidad por cáncer infantil sigue siendo un reto urgente de salud pública, la discusión sobre cómo garantizar acceso universal, gratuito y de calidad no solo enfrenta barreras técnicas y presupuestales, sino que también pone a prueba el grado de compromiso de la clase política con los derechos fundamentales de la infancia y la adolescencia. El llamado de la Bancada Naranja, en este Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer Infantil, es claro: no postergar más una legislación que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de miles de menores en México.
