En el corazón del debate laboral contemporáneo en México ha irrumpido con fuerza una propuesta que, aunque técnica en su formulación, toca fibras sensibles del mercado de trabajo y de la desigualdad que persiste en él. La diputada federal Patricia Mercado Castro, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, ha logrado en la Comisión de Trabajo avanzar un dictamen —el segundo que implica reformas profundas a la Ley Federal del Trabajo (LFT)— con un propósito claro: desmontar la opacidad salarial que ha servido durante años para justificar desigualdades y discriminaciones encubiertas en los procesos de contratación y remuneración.
El dictamen, aprobado este mes por unanimidad con 25 votos, incorpora modificaciones a múltiples artículos de la LFT, entre ellos el 2, el 5, 24, 25, 47, 56, 86, 133, 135 y 423, así como adiciones normativas que sitúan a la transparencia salarial como un derecho fundamental del trabajador. En términos sustantivos, la iniciativa entiende la “transparencia salarial” como el derecho de cualquier persona trabajadora —de manera individual o colectiva— de conocer desde la propia publicación de una vacante el monto íntegro del salario y prestaciones que se ofrecen, acompañados de una descripción general de las responsabilidades del puesto. Esta claridad no sólo se exige antes de la contratación, sino que se extiende al periodo posterior, cuando la persona ya forma parte de la plantilla laboral y puede solicitar información comparativa respecto a salarios y tareas de puestos iguales o similares.
Este enfoque radical contra lo que Mercado ha denominado prácticas de opacidad —como los eufemismos “sueldo competitivo” o “condiciones atractivas” sin cifras concretas— responde a una crítica de fondo: la falta de claridad en los salarios abre la puerta a que, bajo la cobertura de la negociación individual, se reproduzcan discriminaciones por género, edad, origen o condición social. “Si yo como empresa sé que esa vacante es de 30,000 pesos, pero no lo pongo y cuando se presente alguien que quiera cubrirla si es mujer y le digo 20, pues encantada porque seguramente viene de un sueldo de 15”, ejemplificó la legisladora para ilustrar cómo esta opacidad puede convertirse en mecanismo de brecha salarial disfrazada.
Los cambios propuestos van más allá de la mera obligación de publicar montos. La reforma amplía las obligaciones de las personas empleadoras para promover y respetar el derecho a la transparencia salarial, prohíbe expresamente publicar vacantes sin especificar el salario y las prestaciones correspondientes, y limita la facultad del empleador para modificar unilateralmente las condiciones pactadas al inicio de la relación laboral. De igual forma, se inserta en la LFT la prohibición de establecer cláusulas de confidencialidad que impidan el acceso a criterios salariales o que obstaculicen a las personas trabajadoras presentar inconformidades cuando perciban diferencias de trato discriminatorias.
Este dictamen, si bien no es una ley aún, representa un avance legislativo tras una iniciativa que Mercado misma presentó desde finales de 2025 como parte de su agenda en favor de condiciones laborales más equitativas. Su exposición de motivos, asentada en la Gaceta Parlamentaria, advierte que la discriminación salarial está profundamente normalizada y que la publicación de salarios desde el principio del proceso de reclutamiento es un mecanismo eficaz para disminuir prácticas discriminatorias arraigadas en el mercado laboral mexicano.
La propuesta, además, se conecta con una tendencia internacional creciente que observa la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y organismos especializados, quienes sostienen que la falta de transparencia en los salarios perpetúa desigualdades de género y sociales al dificultar la comparación y negociación informada. A nivel local, expertos han señalado que la opacidad salarial es una barrera estructural que afecta especialmente a mujeres y grupos vulnerables, perpetuando brechas que no se corrigen sólo con medidas de igualdad formal recogidas en la legislación.
Ahora, el dictamen espera su discusión y aprobación en el pleno de la Cámara de Diputados. Solo entonces podría pasar de ser una propuesta coordinada en comisiones a una reforma con fuerza de ley.
