La ofensiva legal del Gobierno de México para lograr la detención provisional en Estados Unidos del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, con miras a su extradición, generó la reacción del exgobernador tamaulipeco. La petición formal, canalizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores a solicitud de la Fiscalía General de la República, busca que el exmandatario panista enfrente en México diversos procesos penales relacionados con presuntos delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.
Desde el extranjero, Cabeza de Vaca respondió con dureza. A través de su cuenta oficial en la red social X, el exgobernador rechazó la existencia de una solicitud de extradición sólida y calificó el procedimiento como una maniobra política sin sustento jurídico. “No se distraigan con supuestas solicitudes de extradición que no tienen ni pies ni cabeza”, escribió, para luego escalar el tono de sus señalamientos al dar a entender que el trasfondo real del caso no es legal, sino político.
El argumento central de su defensa pública es que enfrenta una persecución política por haber “destapado” el llamado huachicol fiscal durante el sexenio del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Según la versión del exmandatario tamaulipeco, sus acciones y denuncias sobre presuntas redes de contrabando de combustibles y evasión fiscal que operaban a gran escala tocaron intereses de alto nivel dentro del gobierno federal, lo que habría detonado —afirma— una ofensiva judicial en su contra para neutralizarlo políticamente.
En ese contexto, Cabeza de Vaca aprovechó el debate para dirigir sus ataques hacia figuras clave del proyecto de la llamada Cuarta Transformación. En su mensaje en X, sostuvo que uno de los personajes más influyentes del lopezobradorismo, Julio Scherer Ibarra, habría exhibido en su propio libro a quien calificó como “un mafioso de la secta obradorista”, en referencia directa a Jesús Ramírez Cuevas, actual coordinador de asesores de la Presidencia.
El señalamiento de Cabeza de Vaca se apoyó en la difusión de un artículo del diario Reforma que retoma pasajes del más reciente libro de Scherer Ibarra, Ni venganza ni perdón. Una amistad al filo del poder. En la obra, el exconsejero jurídico del Ejecutivo federal describe episodios de su ruptura con el presidente López Obrador y revela presuntas prácticas de tráfico de influencias y corrupción dentro del círculo cercano al poder, entre ellas supuestos vínculos de Ramírez Cuevas con redes de huachicol fiscal asociadas al empresario Sergio Carmona Angulo, asesinado en 2021.
Estas revelaciones, que han sido negadas públicamente por Ramírez Cuevas, se convirtieron en munición política para el exgobernador tamaulipeco, quien busca reforzar su narrativa de que las acusaciones en su contra no responden a un afán de justicia, sino a una vendetta política derivada de haber evidenciado presuntas irregularidades en el manejo del contrabando de combustibles durante el gobierno anterior. Desde su perspectiva, el caso judicial en su contra sería un mensaje de castigo ejemplar para quienes, asegura, se atrevieron a exhibir los mecanismos de financiamiento ilegal y corrupción que operaban bajo el amparo del poder federal.
Del lado del Gobierno de México, la postura oficial se ha mantenido en el terreno jurídico. Las autoridades han reiterado que la solicitud de detención provisional ante Estados Unidos forma parte de un procedimiento legal ordinario dentro de los mecanismos de cooperación internacional, y que las acusaciones contra Cabeza de Vaca están sustentadas en investigaciones financieras y penales iniciadas desde hace varios años. Para la Fiscalía General de la República, no se trata de una persecución política, sino de la continuidad de procesos que buscan llevar ante los tribunales a un exfuncionario acusado de encabezar una red de operaciones ilícitas.
En ese terreno, el desenlace del caso tendrá implicaciones que rebasan a Tamaulipas y al propio exgobernador. La resolución sobre la detención provisional y una eventual extradición será observada como un termómetro de la relación bilateral entre México y Estados Unidos en materia de justicia, pero también como una prueba sobre los límites entre la rendición de cuentas y la persecución política en la etapa posterior al lopezobradorismo.
