Karime Macías Tubilla, exesposa del exgobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, obtuvo asilo político en el Reino Unido, lo que significa que ya no será extraditada a México para enfrentar las acusaciones por un presunto fraude de 112 millones de pesos cometidos durante su gestión como presidenta honoraria del Sistema DIF de esa entidad. La decisión, que fue confirmada por fuentes judiciales y del gabinete de seguridad mexicano, marca un desenlace inédito en uno de los litigios internacionales más prolongados entre ambos países en materia de cooperación judicial.
El origen del caso se remonta a mayo de 2018, cuando un juez del fuero común en Veracruz giró una orden de aprehensión en contra de Macías Tubilla por el delito de fraude específico en agravio del DIF estatal, tras denuncias derivadas de auditorías que señalaron presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos y el destino de recursos públicos. Desde entonces, el caso se prolongó en diversas instancias legales, tanto en México como en Reino Unido, donde Macías residía desde que comenzaron las investigaciones.
Durante varios años, las autoridades mexicanas —incluida la Fiscalía General de la República (FGR)— buscaron la entrega internacional de Macías para que enfrentara los cargos. En febrero de 2022, la Corte de Magistrados de Westminster había determinado que la extradición era procedente, una resolución que fue vista entonces como un triunfo del proceso penal mexicano en el extranjero. Sin embargo, esa decisión quedó en suspenso ante una serie de recursos legales interpuestos por la defensa de Macías en tribunales británicos, que alegaron fallas procesales, posibles violaciones a sus derechos humanos y, entre otros argumentos, la presunta prescripción de algunos delitos imputados.
La defensa legal de Macías, encabezada por abogados con experiencia en litigios internacionales, sostuvo que el proceso de extradición estaba viciado desde su inicio, principalmente porque la Secretaría de Relaciones Exteriores de México no habría notificado debidamente a las autoridades británicas de aspectos clave del caso, y porque algunos de los cargos podrían haber prescrito conforme al marco legal aplicable. Asimismo, cuestionaron la solidez de algunas pruebas, en particular el testimonio del exsecretario de Salud de Veracruz, Juan Antonio Nemi Dib, que según la argumentación de la defensa habría sido obtenido bajo circunstancias irregulares.
La decisión del Reino Unido de otorgar asilo político a Macías implica, en términos prácticos, que la cooperación judicial con México para su entrega queda suspendida mientras la protección internacional esté vigente. El asilo no cancela la orden de aprehensión vigente en México ni elimina las acusaciones penales; sin embargo, la protección que le confiere el estatus de asilada impide que pueda ser trasladada a territorio mexicano para responder ante la justicia por los delitos que se le imputan.
En contraparte, en México el caso sigue teniendo repercusiones. La orden de aprehensión contra Macías Tubilla permanece activa y las autoridades mantienen abiertas las investigaciones relacionadas con el presunto desvío de recursos durante la administración de Duarte. Aunque la extradición ahora está bloqueada por el asilo, el caso continuará siendo objeto de seguimiento tanto en el ámbito jurídico como en el político, donde se debate el impacto de esta decisión sobre la percepción pública de la justicia y la rendición de cuentas.
Mientras tanto, el exgobernador Javier Duarte de Ochoa permanece en prisión en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, donde enfrenta diversos procesos por delitos relacionados con corrupción y desvío de recursos, lo que mantiene al foco mediático y político sobre el legado y las consecuencias judiciales de su administración en Veracruz.
