Autoridades financieras de México y Estados Unidos asestaron uno de los golpes más relevantes contra las finanzas del crimen organizado al desmantelar una red internacional de fraude en tiempos compartidos presuntamente vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que operaba desde la Riviera Nayarit y tenía como principal objetivo a adultos mayores estadounidenses y canadienses.
La acción coordinada fue encabezada por la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en conjunto con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Como resultado del operativo, la OFAC designó a 24 personas físicas y 17 empresas por su participación en este esquema de fraude, entre las que destaca el resort Kovay Gardens, identificado como uno de los principales centros de operación.
De manera complementaria, la UIF incorporó a siete sujetos adicionales a la Lista de Personas Bloqueadas, lo que implicó el congelamiento inmediato de sus cuentas dentro del sistema financiero mexicano. De acuerdo con las autoridades, estos individuos fungían como operadores financieros clave para el lavado de las ganancias obtenidas mediante el fraude.
Un resort como centro de operaciones
De acuerdo con la investigación, la red criminal utilizaba el resort Kovay Gardens, ubicado en la Riviera Nayarit, como base operativa para coordinar un esquema de fraude a gran escala bajo la fachada de servicios turísticos. Desde ahí se articulaban call centers atendidos por personal bilingüe que contactaba a propietarios de tiempos compartidos en Estados Unidos y Canadá.
El modus operandi era sistemático: las víctimas recibían llamadas en las que se les ofrecía la supuesta compra de sus tiempos compartidos o servicios de “recuperación de fondos” por contratos anteriores. Para concretar la operación, los estafadores exigían pagos anticipados por conceptos como impuestos, gastos notariales o comisiones administrativas que, en realidad, no existían.
Una vez realizadas las transferencias, que en muchos casos ascendían a miles de dólares, el contacto se rompía por completo, dejando a las víctimas sin recursos y sin posibilidad de recuperar su dinero.
Cientos de víctimas y millones en pérdidas
Según datos citados por el Federal Bureau of Investigation, este tipo de esquemas de fraude vinculados a tiempos compartidos ha generado pérdidas superiores a los 300 millones de dólares en los últimos años, afectando principalmente a personas de la tercera edad, un sector particularmente vulnerable ante este tipo de engaños.
Las autoridades estadounidenses subrayaron que este modelo de fraude no solo representa un delito financiero tradicional, sino una fuente directa de financiamiento para organizaciones criminales de alto impacto, que reutilizan los recursos obtenidos para fortalecer su capacidad operativa.
El dinero del fraude y su destino criminal
La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, advirtió que las ganancias generadas por estas estafas no deben verse únicamente como pérdidas económicas para las víctimas, sino como recursos que alimentan directamente la logística criminal del CJNG, incluyendo la compra de armas, el pago de estructuras operativas y la expansión territorial del cártel.
En ese mismo sentido, la UIF señaló que los siete sujetos adicionales bloqueados en México fungían como el “puente financiero” entre el dinero ilícito obtenido en el extranjero y su inserción en la economía legal nacional, mediante empresas fachada, prestanombres y estructuras corporativas diseñadas para dispersar recursos.
Bloqueo financiero y denuncias penales
Como parte de las acciones anunciadas, la UIF incorporó a los implicados a la Lista de Personas Bloqueadas, lo que impide cualquier movimiento de recursos dentro del sistema financiero mexicano y limita su acceso a activos a nivel global. Paralelamente, se presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República por posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La dependencia destacó que este caso marca un precedente relevante en el uso del aparato administrativo-financiero del Estado mexicano para combatir no solo el lavado de dinero, sino el financiamiento de estructuras criminales con alcance transnacional.
Cooperación internacional contra el narco-financiamiento
El gobierno mexicano subrayó que la operación forma parte de los mecanismos de cooperación bilateral con Estados Unidos y se apega a los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), cuyo objetivo es cerrar los espacios que permiten al crimen organizado infiltrarse en los sistemas financieros formales.
Con este golpe, las autoridades buscan enviar un mensaje claro: el uso de esquemas empresariales y turísticos como fachada para actividades ilícitas será perseguido con instrumentos financieros, fiscales y penales, tanto a nivel nacional como internacional.
