Gordillo, sufrió un revés jurídico este jueves tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que deja firme una sentencia que la obliga a pagar al fisco más de 19 millones 269 mil 323 pesos pendientes por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente a los ejercicios fiscales 2008 y 2009.
La decisión del pleno de la SCJN fue contundente: los ministros determinaron que el recurso interpuesto por la defensa de Gordillo no planteaba una cuestión de constitucionalidad real, sino meras discrepancias administrativas y de valoración de pruebas. Al declinar la revisión del caso, la Corte ratifica automáticamente el fallo previo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). En términos llanos, la justicia mexicana ha sentenciado que ya no hay más instancias a las cuales acudir; la deuda es real, es exigible y debe ser liquidada de inmediato.
El origen del millonario adeudo: Gastos de lujo vs. Deber fiscal
La investigación del SAT, que dio origen a este crédito fiscal, se centró en los ejercicios fiscales 2008 y 2009. Según los registros de la Secretaría de Hacienda, durante esos años la entonces mujer más poderosa del sindicalismo mexicano reportó ingresos significativamente menores a su nivel de gasto real. El organismo detectó una discrepancia masiva derivada de:
- Depósitos bancarios personales que no fueron reportados como sueldos ni honorarios.
- Pagos de tarjetas de crédito por montos exorbitantes que cubrían lujos personales, viajes y servicios contratados a su nombre.
Aunque la defensa de Gordillo argumentó durante casi una década que dichos montos eran “gastos de representación” vinculados a su labor al frente del SNTE, los tribunales fiscales fueron tajantes: no existieron pruebas documentales (facturas, bitácoras o registros contables del sindicato) que respaldaran que ese dinero se usó para beneficio de los maestros y no para el enriquecimiento personal de la lideresa.
Implicaciones: El SAT prepara el cobro
Con este fallo, el SAT tiene vía libre para ejecutar el cobro. Legalmente, esto significa que si Gordillo no realiza el pago de manera voluntaria en los próximos días, la autoridad fiscal puede iniciar el procedimiento administrativo de ejecución, que incluye el embargo de cuentas bancarias, bienes inmuebles o activos financieros para cubrir los 19.2 millones de pesos de Impuesto Sobre la Renta (ISR) omitido. Este caso se convierte en un símbolo de la nueva era de fiscalización en México, donde ni las figuras de mayor peso histórico están exentas del escrutinio de la “caja registradora” de la nación.
