La violencia ligada al crimen organizado en México alcanzó este lunes un punto de quiebre con la confirmación oficial de que 25 elementos de la Guardia Nacional perdieron la vida durante los enfrentamientos derivados del operativo de alto impacto realizado en Tapalpa, Jalisco, donde fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Así lo informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en un mensaje oficial desde Palacio Nacional, en el que detalló tanto los hechos en territorio jalisciense como la reacción criminal desatada en otros puntos del país.
El operativo, encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con apoyo de la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina (Semar), alcanzó a uno de los principales cabecillas del narcotráfico en México, considerado uno de los más buscados por las autoridades mexicanas y estadounidenses por su papel en el tráfico de drogas sintéticas, principalmente fentanilo, y por la violencia que su organización ha generado durante años. La muerte de “El Mencho”, aunque celebrada como un golpe significativo al CJNG, desató una ola de violencia de respuesta que el propio Harfuch calificó de “cobardes agresiones” contra las fuerzas de seguridad.
De acuerdo con el informe oficial, tras la confirmación de la muerte del líder criminal se registraron 27 agresiones directas contra autoridades en Jalisco, donde además de los 25 guardias nacionales fallecidos, perdieron la vida un custodio del sistema penitenciario y un agente adscrito a la Fiscalía del Estado de Jalisco; en estos hechos también murió una mujer civil. En el contexto de los enfrentamientos, se contabilizaron 30 presuntos integrantes de la delincuencia organizada abatidos en Jalisco.
La violencia no se quedó en Jalisco. En el vecino estado de Michoacán, las autoridades documentaron 13 agresiones adicionales, que dejaron como saldo cuatro presuntos delincuentes abatidos y 15 elementos de diversas corporaciones de seguridad lesionados. Ante este escenario, el gobierno federal activó protocolos de atención inmediata y despliegues adicionales de fuerzas estatales y federales para atender las agresiones y restablecer el orden en las zonas afectadas.
Las agresiones incluyeron bloqueos carreteros, quema de vehículos, ataques a gasolineras, establecimientos comerciales y sucursales bancarias, así como emboscadas contra convoyes oficiales en distintos tramos del territorio nacional. En total se reportaron 85 bloqueos en carreteras federales distribuidos en al menos 11 estados, entre ellos Baja California, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas, aunque Jalisco concentró el mayor número de cierres.
La respuesta institucional incluyó la detención de alrededor de 70 personas en siete entidades del país, vinculadas con las acciones violentas y los bloqueos, en un operativo conjunto entre fuerzas federales, estatales y municipales para mitigar la escalada de violencia que se vivió tras el abatimiento de “El Mencho”.
La magnitud de la violencia desatada tras la caída de uno de los capos más buscados de México evidencia, por un lado, la fuerza estructural que el CJNG ha consolidado en años recientes —con presencia extendida y capacidad de reacción coordinada— y por otro, los desafíos inmediatos que enfrenta el Estado mexicano para mantener la estabilidad y la seguridad en regiones donde estos grupos tienen arraigo. Expertos en seguridad han señalado que la eliminación de líderes criminales puede desencadenar vacíos de poder y una intensificación de la violencia a medida que facciones internas o cárteles rivales buscan ocupar el terreno dejado por los históricos cabecillas; un escenario que pone en tensión no solo la estrategia de combate frontal al crimen organizado, sino también la protección de la población civil.
La Presidencia de la República, por medio de sus dependencias, ha llamado a la ciudadanía a mantener la calma, resaltando la coordinación entre las fuerzas armadas, la Guardia Nacional y las procuradurías estatales y federales para garantizar la seguridad pública. Sin embargo, la jornada violenta del fin de semana y sus consecuencias —con decenas de muertos, heridos, bloqueos y detenciones— vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la estrategia de seguridad del gobierno federal y los costos humanos de acciones de alto impacto contra organizaciones criminales.
