En medio de un país que durante años escuchó su nombre asociado a violencia, poder criminal y una disputa sangrienta por territorios, la historia de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, entró en una fase distinta y profundamente humana: la del trámite oficial para la entrega de sus restos a sus familiares.
La Fiscalía General de la República informó que el cuerpo del presunto líder criminal fue formalmente reclamado por su familia. En un comunicado, la institución detalló que recibió un escrito presentado por una persona que se identificó como representante jurídico de los deudos del occiso, en el cual se solicita la entrega de los restos mortales. La dependencia subrayó que el Ministerio Público de la Federación se encuentra agotando los procedimientos protocolarios necesarios para estar en condiciones de formalizar dicha entrega.
“Con relación a la situación que guarda el cuerpo de Rubén ‘N’, la FGR señala que recibió un escrito, entregado por quien dijo ser representante jurídico de familiares del occiso, en el que se solicita la entrega de sus restos mortales, por lo que el representante social agota todos los procedimientos protocolarios que son necesarios para estar en condiciones de formalizar su entrega”, precisó la institución en su posicionamiento oficial.
El uso del nombre “Rubén ‘N’” en el comunicado responde a los criterios legales de presunción de identidad y manejo procesal de datos personales en investigaciones abiertas, una práctica habitual en comunicados oficiales cuando se trata de personas sujetas a indagatorias o vinculaciones formales. No obstante, la autoridad confirmó que se trata del cuerpo atribuido a Oseguera Cervantes.
La entrega de restos en casos de alto impacto no es un trámite inmediato. Implica la verificación plena de identidad mediante dictámenes periciales, pruebas forenses, cotejos biométricos y documentación legal que acredite el parentesco o la representación jurídica de quienes solicitan la devolución. Además, se revisa que no exista diligencia pendiente que requiera preservar el cuerpo como elemento probatorio dentro de carpetas de investigación abiertas.
Para la Fiscalía, el proceso debe cumplir con estándares técnicos y legales que eviten cualquier controversia futura. En casos vinculados con delincuencia organizada, los protocolos suelen ser aún más estrictos, considerando que las investigaciones pueden extenderse a redes financieras, estructuras operativas y posibles responsabilidades colaterales.
La figura de “El Mencho” marcó durante más de una década el mapa de la seguridad en México. Señalado como uno de los líderes de una de las organizaciones criminales más poderosas del país, su nombre apareció en informes oficiales, acusaciones judiciales y reportes de agencias internacionales. Su presunta estructura fue asociada a delitos como tráfico de drogas, lavado de dinero y actos de violencia de alto impacto en diversas regiones.
Mientras la Fiscalía concluye los pasos formales para la entrega, el caso se mueve entre dos dimensiones que rara vez se tocan sin fricción: la del personaje público vinculado al crimen organizado y la de la familia que, más allá del historial judicial y mediático, reclama el derecho a despedir a uno de los suyos conforme a la ley.
En México, la legislación reconoce el derecho de los familiares a reclamar y sepultar a sus muertos, incluso cuando se trata de personas investigadas o acusadas de delitos graves, siempre que no exista impedimento legal o judicial para ello. La autoridad, por su parte, tiene la obligación de garantizar que el procedimiento se realice con apego estricto a derecho.
La Fiscalía no detalló plazos específicos para concretar la entrega, pero reiteró que se encuentra desahogando los procedimientos correspondientes. Cuando eso ocurra, el proceso quedará asentado como parte de un caso que influyó de manera determinante en la agenda de seguridad nacional y que, incluso en su desenlace, continúa exigiendo rigor institucional.
