El conflicto laboral al interior del Instituto Mexicano de Cinematografía se intensificó este miércoles luego de que trabajadores bajo el esquema de honorarios anunciaran un paro de labores ante la falta de formalización de sus contratos y la ausencia de pagos correspondientes al arranque de año. La inconformidad, que se venía gestando desde semanas atrás en medio de la incertidumbre administrativa, estalló públicamente con un posicionamiento en el que denuncian que, pese a haber iniciado trámites para regularizar su situación, no cuentan aún con documentos firmados ni garantías sobre la fecha en que recibirán sus ingresos.
El IMCINE, organismo descentralizado de la Secretaría de Cultura, es pieza clave en la política cinematográfica del país. Desde su creación en 1983 ha sido responsable de fondos, estímulos y estrategias de promoción del cine nacional, además de coordinar apoyos a producción, distribución y exhibición. En ese contexto, el paro anunciado por parte de personal contratado por honorarios no sólo refleja un problema administrativo, sino que abre interrogantes sobre la operatividad cotidiana de programas estratégicos para la industria audiovisual.
En su pronunciamiento, las y los trabajadores señalaron que desde el 1 de enero continúan desempeñando sus funciones sin contrato formalizado, situación que describieron como insostenible. Aunque reconocen que se han iniciado los trámites administrativos para su contratación, subrayan que estos no han sido concluidos ni formalizados, mientras se les solicita mantener sus labores habituales. La combinación de trabajo activo sin certeza contractual y pagos pendientes ha generado, afirman, una “profunda preocupación” respecto a su estabilidad laboral y al cumplimiento oportuno de sus ingresos.
El pliego de demandas difundido por el personal exige el pago urgente y retroactivo a quienes han laborado desde el inicio del año sin contrato firmado, así como la formalización inmediata de su relación laboral bajo condiciones que reconozcan su especialización y trayectoria. También reclaman el reconocimiento de antigüedad, salarios acordes con las actividades que desempeñan y la dotación de espacios y herramientas necesarias para el cumplimiento de sus funciones.
Más allá del reclamo económico, el conflicto revela una problemática recurrente en diversas instituciones culturales federales: la contratación bajo esquemas de honorarios que, si bien son legales dentro del marco administrativo, suelen traducirse en precariedad, ausencia de prestaciones y vulnerabilidad ante retrasos presupuestales o ajustes de gasto. En este caso, el personal afectado sostiene que la falta de claridad sobre sus contratos los coloca en una situación de indefensión, al no contar con certeza jurídica sobre su relación con la institución.
En el mismo posicionamiento, los trabajadores solicitaron una mesa de diálogo con la Dirección General del IMCINE, así como con la propia Secretaría de Cultura y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de obtener una definición clara sobre sus contratos y resolver el conflicto de manera institucional. “Nos interesa tener un diálogo asertivo, que nos brinde certidumbre”, expresaron, al tiempo que apelaron a un compromiso recíproco entre la institución y su plantilla de colaboradores.
La cinematografía mexicana ha vivido en los últimos años una transformación institucional marcada por la desaparición de fideicomisos y la reconfiguración de mecanismos de apoyo, procesos que han generado tensiones dentro de la comunidad cultural. En ese escenario, el conflicto laboral en el IMCINE añade un nuevo capítulo a la discusión sobre las condiciones de trabajo en el sector público cultural.
Mientras se espera una respuesta oficial, el paro anunciado pone en pausa actividades sustantivas del organismo y envía una señal clara sobre el malestar interno. Más allá de la coyuntura, el fondo del reclamo apunta a una demanda de certeza laboral y reconocimiento profesional en una institución que, paradójicamente, ha sido bandera del impulso al talento creativo nacional.
