Televisión Azteca anunció que solicitará un concurso mercantil voluntario como parte de una estrategia integral para reorganizar sus pasivos y sanear su estructura económica. La decisión fue aprobada por la Asamblea de Accionistas de la televisora, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, y forma parte de un proceso de reorganización corporativa, operativa y financiera que será presentado en los próximos días ante la autoridad judicial correspondiente.
En un posicionamiento difundido por Grupo Salinas, el conglomerado empresarial explicó que en los últimos años la compañía ha enfrentado “grandes desafíos financieros”, entre ellos el pago de licencias al gobierno federal en 2018, el impacto económico derivado de la pandemia de COVID-19, una negociación compleja con acreedores internacionales y, recientemente, el pago de adeudos fiscales al Servicio de Administración Tributaria. De acuerdo con el comunicado, este contexto obligó a tomar “acciones decisivas” para reordenar los pasivos y preservar el valor de la empresa.
En los últimos años, @Azteca ha enfrentado y superado grandes desafíos financieros: desde el pago de licencias al gobierno en 2018, el impacto negativo del COVID-19, una negociación compleja con acreedores internacionales y, recientemente, el pago al @SATMX.
— Grupo Salinas (@gruposalinas) February 26, 2026
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El concurso mercantil voluntario es un procedimiento previsto en la Ley de Concursos Mercantiles que permite a una empresa que enfrenta incumplimientos generalizados de pago solicitar ante un juez la reestructuración ordenada de sus deudas, con el objetivo de evitar la quiebra y mantener en operación el negocio. Se trata de una figura legal de protección temporal que concentra en un solo proceso las reclamaciones de los acreedores y suspende, bajo ciertas condiciones, acciones individuales de cobro que podrían fragmentar el patrimonio de la compañía.
Una vez admitida la solicitud y declarado el concurso, se abre la etapa de conciliación, considerada el eje del procedimiento. En ella interviene un conciliador designado por el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, cuya función es mediar entre la empresa y sus acreedores para alcanzar un convenio. Dicho acuerdo puede incluir reestructuración de plazos, quitas, capitalización de pasivos u otros mecanismos financieros. Si la mayoría legal de los acreedores aprueba el convenio y el juez lo valida, este se vuelve obligatorio para todos. Si no se alcanza un acuerdo dentro de los plazos establecidos, el proceso puede derivar en la quiebra y liquidación ordenada de activos.

En el caso de Televisión Azteca, la solicitud es voluntaria, lo que implica que es la propia empresa la que reconoce la necesidad de reordenar sus obligaciones financieras antes de que la situación escale a una insolvencia irreversible. La compañía subrayó que el propósito central es asegurar la continuidad operativa y proteger las fuentes de empleo, en un entorno de presión económica acumulada.
La televisora ha enfrentado en los últimos años litigios con tenedores de bonos en tribunales de Estados Unidos por incumplimientos en el pago de deuda internacional, en paralelo al diferendo fiscal que sostuvo con la autoridad hacendaria mexicana. El conflicto con el SAT, ampliamente debatido en la esfera pública, formó parte de una política gubernamental orientada a combatir la evasión y elusión fiscal de grandes contribuyentes. La empresa informó recientemente que realizó pagos al fisco, pero el impacto en su liquidez se sumó a las presiones financieras existentes.

En el terreno operativo, Televisión Azteca mantiene transmisiones regulares y continúa como uno de los principales competidores de Grupo Televisa en el mercado de televisión abierta. No obstante, el sector atraviesa transformaciones estructurales por la migración de audiencias hacia plataformas digitales y servicios de streaming, así como por la contracción del mercado publicitario tradicional, factores que han reducido márgenes y obligado a replantear modelos de negocio.
Con esta decisión, Televisión Azteca busca enviar una señal de control y orden ante inversionistas, trabajadores y anunciantes. El proceso judicial que se abrirá en los próximos días será determinante para el futuro financiero de la televisora y para la estabilidad de uno de los grupos mediáticos más relevantes del país, en un momento en que la disciplina fiscal, la renegociación estratégica y la adaptación tecnológica marcan la pauta para la supervivencia empresarial en la industria audiovisual mexicana.