La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que, una vez concluido el periodo relacionado con la Copa Mundial de Futbol, abrirá un debate nacional sobre la regulación de las redes sociales y la inteligencia artificial, con el objetivo de analizar sus efectos en la sociedad, especialmente entre niñas, niños, adolescentes y jóvenes, así como revisar los modelos de supervisión y regulación existentes en otros países. La mandataria sostuvo que cualquier eventual marco normativo deberá construirse “sin caer en censura”.
Durante sus declaraciones, Sheinbaum explicó que el inicio de la discusión se realizará después del 19 de julio, una vez superadas las actividades vinculadas al Mundial, y señaló que el primer eje del debate estará centrado en el impacto que las plataformas digitales tienen sobre la población joven. En ese sentido, indicó que será necesario analizar el fenómeno de la adicción a las redes sociales entre menores de edad y jóvenes, así como los efectos que el consumo constante de contenidos digitales puede generar en la salud mental, la convivencia social y los procesos educativos.
La presidenta también planteó la necesidad de discutir quién controla actualmente las principales plataformas digitales y el nivel de concentración que existe en el mercado tecnológico mundial. Señaló que resulta pertinente conocer cuántas empresas concentran el manejo de las redes sociales con mayor número de usuarios y revisar qué mecanismos regulatorios han implementado otros países para equilibrar la protección de derechos con la libertad de expresión.
En una segunda etapa, el debate se extendería al desarrollo y uso de la inteligencia artificial. De acuerdo con lo expresado por Sheinbaum, la discusión deberá abordar aspectos relacionados con el funcionamiento de estas tecnologías, quién desarrolla y controla los modelos de inteligencia artificial, la forma en que son actualizados, las aplicaciones positivas que pueden tener para la sociedad y los riesgos asociados a su utilización.
La mandataria sostuvo que México debe incorporarse a la discusión internacional sobre la regulación de estas tecnologías, aunque insistió en que cualquier legislación deberá evitar convertirse en un instrumento de censura o restricción indebida de derechos fundamentales.
El anuncio se produce en un contexto donde las redes sociales se han consolidado como uno de los principales espacios de información, interacción política y debate público, particularmente entre la población joven. Diversos estudios muestran que estos entornos digitales concentran una parte importante de la conversación pública, incluyendo críticas, cuestionamientos y expresiones satíricas dirigidas hacia gobiernos, instituciones y figuras públicas.
En materia de opinión pública, una encuesta de la empresa Enkoll reportó que el segmento de personas de entre 18 y 24 años registra un nivel de desaprobación hacia la presidenta de 44 por ciento, dato que ha sido citado en distintos análisis sobre el comportamiento electoral y las tendencias de consumo informativo entre los jóvenes.
El planteamiento de abrir un proceso de discusión sobre la regulación de plataformas digitales y de la inteligencia artificial también coincide con un escenario internacional en el que diversos gobiernos analizan nuevas reglas para empresas tecnológicas. En regiones como la Unión Europea se han aprobado normas orientadas a incrementar la transparencia de las plataformas digitales y establecer obligaciones para los desarrolladores de sistemas de inteligencia artificial, mientras que otros países mantienen procesos legislativos en curso sobre la materia.
En México, el anuncio ocurre además después de diversas controversias relacionadas con iniciativas locales sobre inteligencia artificial y delitos digitales. Uno de los casos que generó mayor atención pública fue el de San Luis Potosí, donde la aplicación de disposiciones legales vinculadas con contenidos generados mediante inteligencia artificial provocó cuestionamientos de organizaciones defensoras de la libertad de expresión y de derechos humanos. Diversos colectivos señalaron que la interpretación de dichas normas derivó en acciones contra periodistas, lo que abrió un debate sobre los alcances que pueden tener este tipo de regulaciones cuando no existen definiciones suficientemente precisas o salvaguardas para proteger el ejercicio periodístico y la libertad de expresión.
