En medio de un debate que evidenció tensiones sobre los alcances del Senado en materia de control político y constitucional, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas rechazó la propuesta de llamar a comparecer a la gobernadora de Chihuahua por el caso de los agentes estadounidenses fallecidos en esa entidad, al considerar que se trata de una medida sin sustento constitucional y con motivaciones políticas.
Durante la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales, el legislador de Movimiento Ciudadano sostuvo que el órgano legislativo estaba desviando su función al discutir un punto de acuerdo que, a su juicio, no corresponde a su ámbito de competencia. Argumentó que dicha comisión tiene como objeto exclusivo el análisis de asuntos de naturaleza constitucional, condición que —subrayó— no se cumple en el caso planteado.
Colosio advirtió que la intención de citar a una autoridad estatal representa una interpretación errónea de las facultades del Senado, al intentar ejercer un control que la Constitución reserva para la fiscalización del Ejecutivo federal. En ese sentido, enfatizó que tanto la gobernadora como el fiscal de Chihuahua rinden cuentas ante el Congreso local y las instancias correspondientes dentro del propio estado, conforme a los principios del federalismo mexicano.
El senador planteó que, si el objetivo es revisar la política exterior en relación con la presencia de agentes estadounidenses en territorio nacional, la responsabilidad recae en dependencias federales como la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Consejo de Seguridad Nacional. Desde esta perspectiva, insistió en que la comparecencia debería dirigirse al Ejecutivo federal y no a una autoridad estatal.
“Si lo que se busca es supervisar la política exterior en relación con la presencia de agentes estadounidenses en territorio nacional, entonces la comparecencia que procede es la del Ejecutivo federal, la Secretaría de las Relaciones Exteriores, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Consejo de Seguridad Nacional. Esas son las instancias responsables, no la gobernadora de Chihuahua, por Dios”, reclamó
En su intervención, también cuestionó la pertinencia del debate en términos de prioridades legislativas. Señaló que, en lugar de abordar reformas constitucionales de alto impacto previamente programadas —entre ellas temas como la regulación en materia de inteligencia artificial, la prohibición de la discriminación por edad en el ámbito laboral y el reconocimiento de derechos para personas con discapacidad y mexicanos en el extranjero—, la comisión optó por discutir un asunto que calificó como político y no constitucional.
El legislador advirtió además sobre el precedente que podría sentarse al citar a autoridades locales bajo fundamentos que, en su opinión, son incorrectos. Consideró que esta acción podría vulnerar la soberanía de las entidades federativas, contradiciendo el principio mismo del federalismo que el Senado está llamado a resguardar.
Colosio también señaló que las investigaciones sobre los hechos en Chihuahua aún están en curso, por lo que calificó como prematuro e irresponsable concluir que existe una violación a la soberanía nacional. Afirmó que intentar resolver una presunta afectación de ese tipo mediante medidas que, a su vez, invaden la autonomía estatal, resulta incongruente tanto en el plano jurídico como político.
Finalmente, criticó la forma en que se planteó el citatorio, al considerar que disfrazarlo como una invitación a una reunión de trabajo no corresponde a los mecanismos formales del Senado. Sostuvo que, de existir interés genuino en dialogar con la gobernadora, bastaría con establecer comunicación directa, sin recurrir a procedimientos legislativos que, insistió, no tienen base constitucional en este caso.
El posicionamiento del senador reavivó el debate sobre los límites del control legislativo y la vigencia del pacto federal en México, en un contexto donde las competencias entre órdenes de gobierno continúan siendo motivo de controversia política y jurídica.
