La confrontación en torno a la actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos escaló este martes luego de que la diputada de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, anunció que impulsarán una “lluvia de juicios políticos” contra su titular, Rosario Piedra Ibarra, en respuesta a lo que calificó como negligencia institucional frente a la crisis de desapariciones en el país.
La legisladora sostuvo que la estrategia no se limitará a un solo procedimiento, sino que se traducirá en múltiples denuncias formales que serán promovidas directamente por madres buscadoras, víctimas, colectivos y defensores de derechos humanos. Subrayó que la decisión se tomó tras establecer contacto con organizaciones de todo el país, luego de anunciar el primer intento de juicio político en días recientes.
De acuerdo con su posicionamiento, el mecanismo será puesto “a disposición exclusiva de las víctimas”, con el propósito de que sean ellas quienes encabecen la exigencia de rendición de cuentas. En ese sentido, insistió en que no se trata de una disputa partidista, sino de un recurso para garantizar acceso a la justicia frente a los casos de desaparición.
La diputada acusó a la titular de la CNDH de actuar con negligencia y de encubrir la magnitud de la crisis, al tiempo que señaló un presunto “solapamiento con el Estado mexicano” en relación con estos delitos. En su argumentación, hizo referencia a los señalamientos del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que ha emitido observaciones sobre la situación en México, así como al contexto de la visita del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos al país.
La legisladora afirmó que los crímenes de desaparición han sido señalados por instancias internacionales como posibles violaciones graves que obligan al Estado a adoptar una postura clara y acciones contundentes. En ese marco, consideró que el Poder Legislativo no puede permanecer omiso y debe pronunciarse mediante las herramientas constitucionales a su alcance, entre ellas el juicio político.
El planteamiento incluye que cada uno de los procedimientos sea respaldado por firmas de víctimas, familiares, colectivos y defensores, con la intención de visibilizar el alcance nacional del reclamo. Según lo expuesto, la medida busca abrir una ruta hacia la verdad, la justicia, la reparación del daño y las garantías de no repetición.
Asimismo, la diputada enfatizó que la responsabilidad del Estado en materia de desapariciones involucra a distintos niveles de gobierno y a los tres poderes de la Unión, además de las fuerzas armadas y otros actores institucionales, por lo que insistió en la necesidad de una respuesta integral. A su juicio, el juicio político puede convertirse en un instrumento para que el Congreso asuma una posición frente a las conclusiones y observaciones de organismos internacionales.
