Familiares de personas desaparecidas del Estado de México denunciaron el incumplimiento de acuerdos establecidos con autoridades federales y estatales y exigieron una respuesta efectiva de la Secretaría de Gobernación (Segob) ante la falta de avances en la localización de sus seres queridos. Durante una movilización realizada hacia las instalaciones de la dependencia federal, integrantes de colectivos de búsqueda señalaron que los compromisos asumidos en distintas mesas de trabajo continúan sin traducirse en resultados concretos y acusaron la persistencia de prácticas de simulación e indiferencia institucional frente a la crisis de desapariciones que enfrenta el país.

Las manifestantes sostuvieron que, pese a los encuentros sostenidos con autoridades de distintos niveles de gobierno, las investigaciones permanecen estancadas y las familias siguen sin obtener información que permita esclarecer el destino de las personas desaparecidas. En ese contexto, reclamaron una mayor coordinación entre fiscalías, comisiones de búsqueda y dependencias gubernamentales para acelerar las acciones de investigación y localización.

Narayani Villarruel, fundadora del colectivo Lirios Buscadores, afirmó que las medidas implementadas hasta ahora no han permitido acercar a las familias a la verdad ni al paradero de las víctimas. La activista señaló que la falta de resultados mantiene a cientos de familias en una situación de incertidumbre permanente y cuestionó el desempeño de la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición del Estado de México.

Villarruel también advirtió sobre la concentración de casos en el corredor conformado por los municipios de Tultitlán y Nicolás Romero, una de las zonas que los colectivos identifican como especialmente afectadas por este fenómeno. De acuerdo con los registros de las organizaciones de búsqueda, en esa región se acumulan alrededor de 226 casos de personas desaparecidas, lo que ha incrementado la preocupación de familiares y activistas respecto a la capacidad de respuesta de las autoridades encargadas de las investigaciones.

Las familias forman parte de una mesa de interlocución impulsada junto con la Unidad Nacional Independiente en Resistencia, mecanismo mediante el cual buscan establecer comunicación directa con representantes gubernamentales para atender las demandas relacionadas con la búsqueda de personas desaparecidas. Sin embargo, los participantes sostienen que buena parte de los acuerdos alcanzados en reuniones previas continúa pendiente de cumplimiento, situación que motivó la movilización hacia la Secretaría de Gobernación.

En ese marco, los colectivos manifestaron su expectativa de que la reunión programada para el próximo 25 de junio permita avanzar en la atención de sus exigencias. Para dicho encuentro se prevé la participación de representantes de gobiernos estatales y fiscalías de Estado de México, Puebla, Oaxaca, Veracruz y Chiapas, entidades donde también existen casos que forman parte de las demandas presentadas por las organizaciones.

La jornada de protesta trascendió la exigencia de búsqueda de personas desaparecidas y reunió a integrantes de diversas organizaciones indígenas, campesinas y populares. Entre las demandas expresadas por estos grupos destacó la solicitud de libertad para la activista indígena Kenia Hernández, cuya situación jurídica ha sido respaldada por distintos movimientos sociales que consideran su caso un asunto de relevancia para la defensa de los derechos humanos.

Como parte de las acciones emprendidas durante la movilización, algunos contingentes instalaron un plantón en las inmediaciones de las oficinas gubernamentales. Los participantes informaron que permanecerán en ese espacio hasta la realización de la próxima reunión con funcionarios de Gobernación, con el propósito de mantener visibles sus demandas y presionar para que los compromisos adquiridos por las autoridades se traduzcan en acciones concretas.

La protesta refleja el persistente reclamo de familiares de personas desaparecidas que, ante la falta de resultados en las investigaciones, continúan recurriendo a la movilización social y al diálogo institucional para exigir verdad, justicia y mecanismos efectivos de búsqueda. Mientras esperan respuestas de las autoridades federales y estatales, los colectivos insisten en que el cumplimiento de los acuerdos pendientes constituye una condición indispensable para recuperar la confianza en las instituciones encargadas de atender una de las problemáticas más sensibles que enfrenta el país.