El exsecretario de Hacienda Ernesto Cordero advirtió que el rescate financiero de Petróleos Mexicanos (Pemex) se ha convertido en una presión creciente para las finanzas públicas de México y cuestionó que los recursos destinados a sostener a la empresa estatal hayan conseguido resolver sus problemas estructurales.

En su columna publicada el 25 de agosto en La Aurora de México, titulada “Pemex, un pesado lastre”, Cordero retomó el análisis de Bloomberg sobre el comportamiento de los bonos mexicanos después del respaldo financiero otorgado por el Gobierno federal a la petrolera. El artículo de Bloomberg, publicado el 25 de agosto bajo el título “Mexico Bonds Trade Like Junk After $130 Billion Bailout of Pemex”, plantea que los operadores de bonos han comenzado a exigir rendimientos elevados a la deuda mexicana en un contexto marcado, entre otros factores, por el apoyo financiero a Pemex.

A partir de ese análisis, Cordero sostuvo que el Gobierno mexicano ha destinado alrededor de 130 mil millones de dólares al rescate de Pemex durante los últimos ocho años. De acuerdo con su columna, aproximadamente 80 mil millones de dólares corresponderían al sexenio de Andrés Manuel López Obrador y otros 50 mil millones de dólares al periodo de la presidenta Claudia Sheinbaum. El exfuncionario consideró que se trata de una cantidad extraordinaria para la economía mexicana y relacionó ese esfuerzo financiero con el deterioro de las cuentas públicas.

La dimensión del apoyo gubernamental está documentada también en los reportes financieros de la propia petrolera. Pemex informó en su reporte anual correspondiente a 2025 que recibió aportaciones de capital del Gobierno mexicano por 395.3 mil millones de pesos durante ese año para fortalecer su posición financiera. Para 2026, el Presupuesto de Egresos contempla otros 263.5 mil millones de pesos en aportaciones de capital a la empresa.

Para Cordero, el problema de fondo es que el respaldo público ha permitido mantener a flote a Pemex, pero no necesariamente ha corregido las causas que llevaron a la compañía a una situación financiera complicada. En su columna señaló como ejemplos una estructura laboral que calificó de sobredimensionada y la disminución de la producción petrolera, dos asuntos que considera centrales para explicar las dificultades operativas de la empresa.

Los propios documentos financieros de Pemex muestran que la compañía continúa dependiendo de un fuerte respaldo gubernamental. Moody’s señaló en mayo que el Gobierno federal había respaldado a Pemex con más de 40 mil millones de dólares durante 2025 mediante distintas intervenciones financieras, principalmente destinadas a reducir deuda y atender obligaciones con proveedores. La agencia también destacó que el presupuesto mexicano para 2026 contempla alrededor de 14 mil millones de dólares para cubrir vencimientos de corto plazo de Pemex.

El costo de esa relación entre las finanzas de Pemex y las del Gobierno federal es precisamente uno de los puntos que más preocupa a las agencias calificadoras. S&P Global Ratings revisó en mayo la perspectiva de México de estable a negativa y mantuvo la calificación soberana en BBB para deuda denominada en moneda extranjera y BBB+ para deuda en moneda local. La calificadora señaló que el crecimiento económico débil, las restricciones presupuestarias y los pasivos contingentes podrían provocar un aumento gradual de la deuda pública.

S&P fue particularmente explícita respecto a Pemex. La calificadora estimó que el respaldo fiscal continuo a la petrolera y a la Comisión Federal de Electricidad podría agravar las rigideces fiscales de México. Además, señaló que su escenario contempla que las amortizaciones de deuda de Pemex sean financiadas por transferencias del Gobierno central y advirtió que resultados operativos deficientes podrían obligar a realizar aportaciones adicionales para cubrir pérdidas futuras.

En mayo, Moody’s también modificó la calificación soberana de México a Baa3, con perspectiva estable. La agencia explicó que la decisión estuvo relacionada con el debilitamiento fiscal, las rigideces del gasto y el apoyo continuo a Pemex, entre otros factores. Baa3 se encuentra todavía dentro del grado de inversión, pero representa el último escalón de esa categoría dentro de la escala de Moody’s antes del grado especulativo.

Cordero interpretó estos movimientos como una señal de que el respaldo a Pemex ya no puede analizarse exclusivamente como un problema de una empresa estatal, sino como un asunto que alcanza directamente al balance del Gobierno mexicano. Su argumento es que al evitar una crisis inmediata de la petrolera, el Estado ha absorbido parte de sus problemas financieros, trasladando una presión empresarial hacia las cuentas públicas.

Sin embargo, existe un matiz importante frente a la afirmación de que los mercados ya consideran a México un emisor de “bonos basura”. La columnista Alicia Salgado señaló este 26 de agosto que México no ha perdido el grado de inversión y cuestionó que pueda afirmarse literalmente que sus bonos soberanos ya se negocian como deuda especulativa. Salgado destacó que el bono mexicano con vencimiento en 2037, utilizado como referencia en el análisis de Bloomberg, fue reabierto por el Gobierno el 7 de julio a una tasa de 6.25 por ciento, por un monto de 4 mil 800 millones de dólares, y posteriormente se mantuvo cerca de su valor nominal.

La precisión es relevante porque una cosa es que los mercados estén mostrando mayor preocupación por las finanzas mexicanas y otra distinta que México haya sido degradado formalmente a la categoría de deuda especulativa. Hasta ahora, no ha ocurrido esto último. Moody’s mantiene a México en Baa3, mientras que S&P conserva las calificaciones BBB y BBB+, aunque con perspectiva negativa en el caso de su evaluación soberana.

El debate, por tanto, no se centra únicamente en si México ya tiene o no una calificación de “bono basura”, sino en cuánto espacio fiscal le queda al Gobierno para continuar absorbiendo las necesidades financieras de Pemex sin deteriorar aún más su propia posición. Ese es precisamente el riesgo que S&P identificó al señalar que un mayor apoyo extraordinario a las empresas estatales podría afectar la trayectoria de deuda y déficit del país.

Otro de los cuestionamientos planteados por Cordero se refiere al futuro de la petrolera. En su columna recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum ha planteado como objetivo que Pemex alcance autosuficiencia hacia 2027, mediante una estrategia que contempla reducir su deuda, incrementar la producción de petróleo y mejorar el desempeño del sistema de refinación. Cordero consideró poco probable que ese objetivo se cumpla y afirmó que, según el artículo de Bloomberg, diversos inversionistas expresaron críticas privadas sobre la estrategia, aunque no aceptaron ser identificados.

Los resultados financieros de Pemex muestran la magnitud del desafío. En 2025 la empresa reportó una pérdida neta de 81.7 mil millones de pesos, aunque significó una mejora considerable frente a la pérdida de 780.6 mil millones registrada en 2024. La petrolera atribuyó la mejoría a factores como una reducción en el costo de ventas, menores costos financieros y un efecto favorable por tipo de cambio, aunque también reportó una disminución de 144.3 mil millones de pesos en sus ingresos totales, principalmente por una reducción en el volumen de crudo mexicano destinado a exportación.

Para el exsecretario de Hacienda, el problema no puede resolverse simplemente con nuevas transferencias de recursos públicos. Su propuesta apunta hacia una transformación de fondo de la estrategia empresarial de Pemex, con un plan de largo plazo elaborado por especialistas de la industria petrolera que permita determinar qué actividades pueden generar mayor valor y, sobre todo, cómo convertir a la empresa en una fuente sostenible de ingresos para el Estado.

Cordero planteó que Pemex debe abandonar lo que calificó como “patrioterismo” en la toma de decisiones y concentrarse en maximizar los recursos que puede aportar al país mediante regalías. Su advertencia final fue contundente: si la dinámica actual continúa, la empresa podría dejar de ser la tradicional “gallina de los huevos de oro” para convertirse en un “pesado lastre” capaz de afectar al conjunto de las finanzas nacionales.

El debate ocurre en un momento especialmente delicado para las finanzas públicas. Las calificadoras han puesto el foco en el crecimiento económico, el déficit, el nivel de endeudamiento y los pasivos contingentes vinculados con las empresas estatales. S&P, de hecho, señaló que la consolidación fiscal tendría que ser gradual pero creíble y advirtió que un deterioro mayor de los resultados fiscales podría traducirse en una reducción de la calificación soberana.

Así, la discusión sobre Pemex dejó de ser solamente una disputa sobre la viabilidad de una empresa petrolera. En el fondo está la pregunta de cuánto puede seguir destinando el Estado mexicano a sostenerla y, al mismo tiempo, qué resultados concretos debe entregar la compañía para justificar ese esfuerzo.

La petrolera continúa siendo estratégica para México y conserva un papel central en la política energética nacional. Pero los números muestran que su recuperación financiera todavía depende de manera importante del respaldo gubernamental. La propia Pemex reconoce que las aportaciones de capital federales son parte de su estrategia financiera, mientras las calificadoras observan con atención el impacto que ese apoyo tiene sobre las cuentas del país.

El planteamiento de Cordero coloca nuevamente sobre la mesa una discusión que trasciende gobiernos y partidos: si Pemex debe ser sostenida como símbolo de soberanía energética o administrada con criterios estrictamente financieros y productivos. Para el exfuncionario, mantener el modelo actual podría terminar trasladando los problemas de la empresa a todos los mexicanos.

La advertencia llega justo cuando el mercado y las agencias calificadoras demandan señales claras de disciplina fiscal. México todavía conserva el grado de inversión y no puede afirmarse que su deuda soberana haya ingresado formalmente a la categoría de “basura”, pero sí existe evidencia de una presión fiscal creciente asociada, entre otros factores, con el respaldo a Pemex.

El reto para el Gobierno de Sheinbaum será demostrar que los recursos públicos destinados a la petrolera no representan únicamente un salvamento permanente, sino una inversión capaz de traducirse en mayor producción, menor endeudamiento, mejores resultados operativos y una menor dependencia del presupuesto federal. De lo contrario, la imagen planteada por Cordero —la de una empresa que pasó de ser un activo estratégico a convertirse en un lastre financiero— seguirá ganando fuerza en el debate económico nacional.