La disputa entre Grupo Salinas y el Estado mexicano alcanzó este jueves un nuevo punto de tensión, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechara los recursos legales interpuestos por las empresas del consorcio encabezado por Ricardo Salinas Pliego, lo que allana el camino para que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) cobre los adeudos fiscales que la autoridad le atribuye desde hace más de una década.
Durante una sesión pública, la SCJN resolvió no conceder los amparos promovidos por Elektra y otras empresas del grupo, decisión que fue difundida por la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien subrayó que las resoluciones confirman la obligación del conglomerado de cumplir con el pago de sus pasivos fiscales. Aunque la Corte no precisó públicamente el monto exacto de los adeudos, estimaciones previas de la autoridad hacendaria han señalado cifras que, en conjunto, superan los 25 mil millones de pesos.
La reacción de Grupo Salinas fue inmediata y contundente. A través de sus redes sociales, el consorcio calificó la decisión como “un día negro para la justicia y el Estado de Derecho en México”, acusando a la Suprema Corte de haber actuado “por consigna y mandato del Gobierno de México”. En su posicionamiento, el grupo sostuvo que la resolución carece de análisis jurídico y representa un precedente “grave”, al eliminar —según su versión— garantías constitucionales como el amparo.
Horas más tarde, el conglomerado difundió un comunicado más amplio en el que reiteró su rechazo a las determinaciones judiciales y anunció que acudirá a tribunales internacionales para denunciar lo que considera una violación a sus derechos humanos y una persecución política. En el texto, Grupo Salinas aseguró que los ministros de la Corte “obedecieron al pie de la letra las instrucciones dictadas por el Ejecutivo Federal”, y acusó a las ministras Lenia Batres y María Estela Ríos de actuar con “sesgo dogmático” y “resentimiento personal” hacia Ricardo Salinas Pliego.
El comunicado sostiene que la decisión judicial forma parte de una “reforma autoritaria” impulsada por Morena, la cual —según el grupo— busca eliminar contrapesos institucionales y someter al Poder Judicial al control del Ejecutivo. Además, advirtió que el fallo de la SCJN representa “una señal de alerta para las inversiones en México”, al enviar el mensaje de que “las reglas pueden cambiar según a quién se apliquen”.
Grupo Salinas también reiteró que sus empresas “siempre han estado dispuestas a pagar lo justo y correcto”, pero no aceptarán “extorsiones abusivas e ilegales”, al tiempo que exigió al SAT precisar el monto definitivo de los créditos fiscales y eliminar lo que considera “cobros dobles inconstitucionales”.
La controversia fiscal entre el empresario y el Estado mexicano se ha prolongado por más de doce años y ha sido objeto de múltiples litigios. En diversas ocasiones, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho referencia al caso en sus conferencias matutinas, señalando que todos los contribuyentes —sin excepción— deben pagar sus impuestos conforme a la ley.
Con la resolución de este jueves, el máximo tribunal del país cierra las puertas a los recursos interpuestos por Grupo Salinas dentro del sistema judicial mexicano, pero abre un nuevo capítulo que el conglomerado busca llevar al plano internacional. Su equipo jurídico adelantó que recurrirá a organismos y tribunales fuera de México en busca de revertir lo que califica como “una violación al debido proceso y a la libertad económica”.
Mientras tanto, el SAT mantiene la postura de que las resoluciones judiciales confirman la validez de los créditos fiscales reclamados y refuerzan su facultad para exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias de todas las empresas, sin excepciones.
El conflicto entre uno de los grupos empresariales más poderosos del país y las instituciones fiscales y judiciales mexicanas promete escalar más allá del ámbito nacional, en un contexto político y económico donde la independencia de los poderes y la certidumbre jurídica se colocan nuevamente en el centro del debate público.
