Las nuevas disposiciones impulsadas por el gobierno de Donald Trump en materia financiera podrían traducirse en mayores obstáculos para millones de personas migrantes mexicanas que dependen de herramientas como la Matrícula Consular y el ITIN para integrarse al sistema bancario y fiscal en Estados Unidos, enviar remesas y sostener económicamente a sus familias en México.
La advertencia fue planteada por la Dra. Margarita Núñez Chaim, Coordinadora del Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana, quien señaló que las nuevas restricciones podrían profundizar la disminución en el flujo de remesas hacia México, una tendencia que comenzó a observarse desde el año pasado en medio del endurecimiento de las políticas migratorias en territorio estadounidense.
En entrevista con Prensa IBERO, la especialista explicó que, tras más de una década de crecimiento sostenido en el envío de remesas, durante 2025 se registró una caída cercana al 4.5 por ciento en estos recursos, considerados una de las principales fuentes de ingreso de divisas para el país. De acuerdo con su análisis, la reducción estuvo asociada al incremento de operativos y redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, conocido como ICE, que provocaron disminución de jornadas laborales, temor entre trabajadores migrantes y menor movilidad para realizar actividades cotidianas.
La académica sostuvo que muchas personas evitaron acudir a determinados espacios por miedo a ser identificadas, detenidas o deportadas, situación que terminó afectando tanto sus ingresos como la frecuencia del envío de dinero a México. Bajo ese contexto, afirmó que las nuevas disposiciones financieras podrían agravar el escenario.
Uno de los puntos más sensibles, explicó, se relaciona con la Matrícula Consular, documento expedido por los consulados mexicanos que históricamente ha permitido acreditar identidad independientemente de la situación migratoria de las personas. Durante años, este mecanismo ha facilitado la apertura de cuentas bancarias, la renta de viviendas, la realización de trámites y operaciones de envío de dinero.
Sin embargo, la especialista advirtió que el incremento de esquemas de vigilancia y sospecha sobre estos documentos bajo argumentos vinculados a posibles actividades ilícitas podría generar un efecto indirecto de exclusión financiera para miles de migrantes que actualmente utilizan el sistema formal.
A ello se suma el posible impacto sobre el ITIN, el Número de Identificación Personal del Contribuyente utilizado en Estados Unidos por trabajadores que no cuentan con ciertos documentos migratorios pero que sí cumplen con obligaciones fiscales. Núñez Chaim destacó que este instrumento ha permitido incorporar a millones de personas migrantes al sistema tributario estadounidense, facilitando el pago de impuestos y su relación con instituciones financieras.
Desde su perspectiva, existe una contradicción entre el endurecimiento de controles y los efectos prácticos de las medidas, ya que en lugar de incentivar mayor formalidad financiera y fiscal, podrían empujar a una parte de la población migrante hacia mecanismos alternativos e informales para resguardar recursos o enviar dinero a sus familias.
Entre los riesgos identificados por la académica figura el crecimiento de intermediarios fuera del sistema bancario, cobros más elevados por transferencias y la aparición de espacios donde podrían registrarse abusos económicos o incluso operaciones relacionadas con actividades ilegales ante la falta de canales seguros y regulados.
La investigadora también alertó sobre las repercusiones sociales que una reducción sostenida de remesas tendría para México. Recordó que millones de hogares utilizan esos recursos para cubrir gastos esenciales relacionados con alimentación, vivienda, transporte, salud y educación, por lo que una disminución constante afectaría directamente las condiciones de vida de las familias receptoras.
De acuerdo con su análisis, los efectos podrían reflejarse en menores posibilidades de permanencia escolar, reducción del consumo básico y un incremento de condiciones de vulnerabilidad económica en distintas regiones del país altamente dependientes del dinero enviado desde Estados Unidos.
Además del impacto familiar, Núñez Chaim subrayó que una caída prolongada de remesas también tendría consecuencias macroeconómicas para México al disminuir el ingreso de divisas y desacelerar cadenas de consumo interno que dependen del flujo constante de estos recursos.
Respecto a la respuesta institucional, la coordinadora del Programa de Asuntos Migratorios de la IBERO consideró que el gobierno mexicano aún cuenta con margen para construir estrategias de negociación y generar alianzas con actores financieros y legislativos en Estados Unidos con el objetivo de moderar el alcance de las nuevas disposiciones.
“Lo que está en juego no es solamente el flujo de dinero entre países, sino las condiciones de vida de millones de familias que dependen de esos ingresos para cubrir necesidades básicas”, concluyó la especialista.
