El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, presentó este martes una denuncia penal en Suecia contra una treintena de personas vinculadas a la Fundación Nobel, a quienes acusa de presuntos delitos graves por la concesión del Premio Nobel de la Paz 2025 a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado. En el escrito, Assange sostiene que el galardón y, en particular, la transferencia pendiente del premio monetario vulneran el testamento de Alfred Nobel y podrían implicar responsabilidades penales bajo la legislación sueca e internacional.
La querella fue ingresada de manera simultánea ante la Autoridad Sueca de Delitos Económicos (Ekobrottsmyndigheten) y la Unidad de Crímenes de Guerra (Krigsbrottsenheten). En ella se señalan, entre otros, a la presidenta de la Fundación Nobel, Astrid Söderbergh Widding, y a la directora ejecutiva, Hanna Stjärne. Según la denuncia, los hechos configurarían apropiación indebida grave de fondos, así como facilitación de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y financiamiento del crimen de agresión. Assange solicita, como medida inmediata, el congelamiento de 11 millones de coronas suecas —alrededor de 1,18 millones de dólares— correspondientes al premio económico, además de la devolución de la medalla.
El eje jurídico del planteamiento descansa en el testamento de Alfred Nobel de 1895, que establece que el Premio de la Paz debe concederse a quien haya realizado “la mayor o mejor obra por la fraternidad entre las naciones, por la abolición o reducción de los ejércitos permanentes y por la celebración y promoción de congresos de paz”. Para Assange, ese mandato impone un deber fiduciario a los administradores suecos de la dotación, independientemente de la decisión política del comité noruego que selecciona al galardonado. En su interpretación, cualquier desembolso que contradiga esos fines constituiría una apropiación indebida de la dotación.
La denuncia afirma que, al autorizar o no impedir el pago del premio a Machado, la Fundación Nobel habría “convertido un instrumento de paz en un instrumento de guerra”. El documento sostiene que los responsables conocían —o debían conocer— declaraciones y actuaciones atribuidas a la galardonada que, siempre según la acusación, implicarían incitación o respaldo a intervenciones militares y a conductas que podrían derivar en violaciones graves al derecho internacional humanitario. Con base en ello, Assange invoca obligaciones de Suecia bajo el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en particular el artículo 25(3)(c), relativo a la contribución a la comisión de crímenes internacionales.
El escrito recuerda que la Fundación Nobel ha ejercido en el pasado facultades de supervisión sobre premios y desembolsos, como ocurrió en 2018 con el Nobel de Literatura, y argumenta que la falta de intervención en este caso, pese a lo que califica como un contexto de escalada militar en el Caribe y frente a Venezuela, podría generar responsabilidad penal. Assange sostiene que el uso del prestigio del Nobel por parte de la galardonada habría influido en el debate público y político a favor de la guerra, extremo que la denuncia atribuye a declaraciones públicas y posicionamientos previos de Machado.
Como parte del expediente, se citan pronunciamientos críticos de organizaciones y especialistas que, de acuerdo con el documento, cuestionaron la idoneidad de Machado para recibir un premio de paz. También se incluyen referencias a opiniones de expertos en estudios de paz que habrían advertido sobre llamados a una intervención militar en Venezuela. Todas estas afirmaciones son presentadas en la denuncia como elementos de contexto para sustentar la solicitud de medidas cautelares y de investigación.
En el apartado de peticiones, Assange solicita a las autoridades suecas que congelen de inmediato la transferencia del premio monetario y cualquier presupuesto relacionado, que investiguen a los funcionarios y entidades involucradas, que incauten actas, comunicaciones y registros financieros, y que interroguen a las personas señaladas. Asimismo, plantea que, de considerarlo pertinente, el caso sea investigado a nivel nacional o remitido a la Corte Penal Internacional.
