Costa Rica da un giro radical en su política penitenciaria con la apertura del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO). Inspirado abiertamente en el modelo de máxima seguridad de El Salvador, el penal recibió a sus primeros 123 internos bajo un estricto protocolo de aislamiento, uniformes naranjas y cabezas rapadas. Una millonaria inversión con la que el país centroamericano busca frenar en seco la violencia y el hacinamiento en sus prisiones.
El sistema penitenciario de Costa Rica ha marcado un antes y un después en su historia reciente. Siguiendo de cerca los pasos del modelo de seguridad implementado por Nayib Bukele en El Salvador, el gobierno costarricense oficializó la puesta en marcha del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO) con el traslado de sus primeros 123 reclusos de alta peligrosidad.
Las imágenes difundidas por las autoridades no dejan lugar a dudas sobre el cambio de estrategia: reos con las cabezas completamente rapadas, esposados de pies y manos, y vistiendo uniformes de un llamativo color naranja, una escena inédita para la tradición carcelaria de este país. El objetivo principal es cortar de raíz la comunicación de los líderes de bandas criminales con el exterior y reducir los alarmantes niveles de hacinamiento.
Ubicado en el complejo La Reforma, en San Rafael de Alajuela, este megaproyecto de seguridad contempla un diseño final de cinco módulos con capacidad para albergar hasta a 5,100 prisioneros. Con una inversión que supera los 33 millones de dólares, Costa Rica apuesta de lleno por el aislamiento total de los perfiles criminales más violentos, abriendo un debate en toda la región sobre la expansión de las políticas de mano dura en Centroamérica.
